CEUTA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios de los Polígonos del Tarajal (AEPT), en Ceuta, ha decidido realizar una encuesta entre los propietarios de las cerca de 200 naves comerciales de la zona para decidir si, como defiende parte del colectivo, pedirán a la Delegación del Gobierno en Ceuta el cierre temporal del paso fronterizo peatonal del Biutz, inaugurado en julio del año pasado y donde un total de cinco policías nacionales resultaron heridos el pasado jueves tras la enésima avalancha de porteadores marroquíes que se produjo en su entrada por territorio español.
Los comerciantes del Tarajal, los grandes beneficiados por la apertura del paso, han tomado esta decisión ante los frecuentes incidentes que se producen en el puente y han vuelto a pedir al Ejecutivo ceutí y a la propia Ciudad "un sistema de funcionamiento más eficaz".
En concreto, las diferencias entre los empresarios y las dos administraciones gravitan ahora sobre el compromiso que adoptaron los primeros para contratar seguridad privada en los polígonos, acuerdo que aún no han llevado a la práctica ante el "alto costo" que supondría para sus negocios.
La portavoz del Ejecutivo local, Elena Sánchez, afirmó ayer en rueda de prensa que el Gobierno ceutí "no tiene previstos fondos para subvencionar la instalación de un sistema de seguridad privada en los polígonos del Tarajal", tal y como vienen demandando los empresarios a través de las Comunidades de Propietarios de las naves.
El Gobierno que preside Juan Vivas se sumó así a la posición del delegado del Gobierno, Jerónimo Nieto, que aseguró que no cree que el coste de la seguridad privada sea "muy elevado", pero que aún así, piensa volver a sentarse con los empresarios para "estudiar" soluciones alternativas.
Además, Sánchez advirtió de que, aunque "se analizará" si es posible o no subvencionar la seguridad privada, el Gobierno ceutí considera que "ya ha cumplido con su cometido cercando los polígonos".
Ante esta situación, los responsables de la AEPT protestaron el hecho de que "para unas naves, el coste de la seguridad privada es asumible --se barajan presupuestos de entre 200.000 y 400.000 euros anuales--, pero para otras no".
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Ceuta ha solicitado a través de su secretario general, Francisco Carrera, que "si no se consigue ordenar el tránsito de los 8.000 porteadores que cada día entran en la ciudad para adquirir mercancías que después llevan a su país, es mejor cerrar el paso".