CEUTA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha aceptado la petición de la Fiscalía para llevar a juicio oral ante un Tribunal del Jurado por la presunta comisión de un delito de cohecho al exdelegado de la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma, O.M.P., y a un empresario local, J.A.H.T., acusados de pedir y abonar, respectivamente, "diversos pagos de dinero" para que el segundo fuese nombrado depositario judicial de vehículos o recibiese más automóviles que la competencia.
La magistrada también ha decretado, como le planteó el Ministerio Público, según han explicado este martes fuentes judiciales a Europa Press, el sobreseimiento de las actuaciones que mantenían a la exconsejera y actual secretaria general del PP Regional, Yolanda Bel; a la secretaria general de la Asamblea autonómica, María Dolores Pastilla; y al exgerente de una empresa municipal Antonio Díaz como investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación impropia.
Con respecto a los dos primeros, la calificación de la Fiscalía considera que en base a las pruebas documentales recabadas y a las testificales registradas "existe base probatoria suficiente" para presentar una acusación formal contra ellos por supuestamente haber desplegado una conducta consistente en que el funcionario de Justicia pidió al empresario "diversos pagos de dinero" que este atendió "con el fin de nombrarle depositario o con el fin de que a su deposito llegaran más vehículos que al resto".
Según la instrucción, el empleado público "habría ordenado, a través de un oficio dirigido a la Ciudad Autónoma, que se procediera a la destrucción de una serie de vehículos entre los que figuraban algunos que previamente habían sido intervenidos judicialmente, de manera que sólo la Autoridad Judicial era competente para decidir sobre su destino final". Sin embargo, la Fiscalía acepta que su actuación podría haber sido la de "un eslabón más" en la "cadena de despropósitos" y el "batiburrillo" que suponía la gestión de vehículos abandonados en Ceuta.
"No es posible atribuir connivencia alguna", extiende sobre Bel, que como consejera de Medio Ambiente "dictó el Decreto de destrucción de vehículos"; Pastilla, técnica principal de la Ciudad; ni Díaz, "que llevó a cabo las gestiones y reuniones previas", para "llevar a cabo la destrucción de vehículos, entre los que figuraban aquellos que eran competencia exclusiva de los órganos judiciales, puesto que iniciaron el expediente administrativo sobre tratamiento de residuos legalmente previsto".
El Ministerio de Justicia negó en octubre de 2017, cuando se produjo su arresto en Sevilla y posterior entrada en prisión provisional durante meses, que el principal investigado hubiese sido nunca delegado de la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma y aseguró que solo había sido un "administrativo" que, además, había pedido abandonar su estructura en julio de ese mismo año.
El depósito municipal de vehículos dejó de ser en 2012 el destino de los coches requisados por orden judicial. En 2015, la Administración de Justicia alertó en una instrucción de que recibía "sistematicamente" facturas por los distintos depositarios de vehículos dirigidas a su Gerencia Territorial para su pago hubieran sido o no intervenidos judicialmente los vehículos a que hacían referencia dichas facturas.
"La mayoría de los vehículos que estaban depositados no estaban intervenidos judicialmente y paralelamente en muchos casos los depositarios presentaban de forma extemporánea sus facturas", con lo que " la actitud de unos y otros generaba unos costes de depósito inasumibles para cualquier gestor público que actuase con un mínimo de responsabilidad por la gestión", avisó.
