CEUTA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) dio de baja en el Padrón de la ciudad autónoma durante el año pasado a un total de 4.387 personas, un 70% de nacionalidad española y un 30% de extranjeros, tras revisar cerca de 200 viviendas sospechosas de operar como 'pisos-patera' para facilitar la inscripción irregular de ciudadanos como residentes.
Según los datos facilitados en rueda de prensa por la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, tras la última reunión del Consejo de Empadronamiento, la labor de inspección domiciliaria de la Policía Local destapó 1.922 inscripciones "indebidas".
De todas las solicitudes de empadronamiento atendidas en 2014, el 29,4% fueron solicitadas por extranjeros una de cada tres fueron denegadas. Bel ha precisado que a finales de 2014 eran 54 las altas tramitadas en el Padrón de personas con pasaporte marroquí, 32 de ellas todavía sometidas a inspección. Un año antes, a finales de 2013, fueron 327 los empadronados con pasaporte del Reino alauita.
Las visitas de la Policía Local a viviendas "sospechosas" por tener un número elevado de empadronados por metro cuadrado han dado lugar a 582 bajas en el Padrón desde finales de 2012. De los 246 pisos sospechosos, la Ciudad ha inspeccionado ya 185.
La consejera ha puesto de relieve el "buen trabajo" que a su juicio está realizando la Administración y ha resaltado su importancia recordando que "el empadronamiento constituye una vía de acceso a los servicios sociales y los planes de empleo en la que no se puede consentir el fraude que permita a quienes no viven en Ceuta beneficiarse de los recursos que existen para los residentes".
Según el Ejecutivo local, la población extranjera beneficiaria de programas de inserción laboral ha pasado "del 20% del total que llegó a suponer a un 6% en la actualidad". "Los recursos de Ceuta tienen que ir, primero, dirigidos a los ceutíes", ha destacado tras recordar que la "obligación" del Gobierno local "es velar por los ciudadanos de Ceuta y no consentir el fraude en el empadronamiento".
La ciudad autónoma cerró el año pasado con más de 86.700 empadronados, un 6,5% de ellos foráneos. La población local ascendía a 75.241 personas en 2000 y a 76.603 al principio de la crisis económica, en 2007. Desde entonces ha aumentado en más de 10.000 residentes, fenómeno que la Administración local atribuye a su oferta de prestaciones sociales, considerada por el consejero de Hacienda "la más amplia de España".
