CEUTA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado este martes a seis guardias civiles que prestaban sus servicios hasta 2003 en la frontera de la ciudad autónoma por una falta de estafa continuada, sentencia por la que deberán abonar 3.600 euros de multa cada uno después de que sus defensas y el Ministerio Fiscal pactasen los términos de la misma.
Los agentes han evitado así someterse a la vista oral que debería haber comenzado este martes, en la que iban a ser juzgados como presuntos autores de un delito de cohecho continuado por el que la Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel, 1.200 euros de sanción y 9 años de inhabilitación, lo que hubiera conllevado su expulsión del Instituto Armado.
Los seis guardias fueron detenidos en mayo de 2003 bajo la acusación de recibir compensaciones económicas o en especies a cambio de hacer 'la vista gorda' en el paso fronterizo del Tarajal. Según les imputaba la Fiscalía, todos ellos habrían, "puestos de común y previo acuerdo, urdido un plan con el ánimo de enriquecerse injustamente, y con dicha finalidad decidieron desarrollar el ejercicio de sus cargos a cambio de cantidades de dinero u otros beneficios en especie, en connivencia con otras personas".
El relato de los hechos recogidos en el veredicto dictado por conformidad establece que "permitían a sabiendas" la introducción de vehículos con distintas mercancías en la ciudad autónoma "haciendo creer" a sus conductores o propietarios que debían abonar determinadas cantidades de dinero para lograrlo.
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales próximas al caso, el haber evitado una sentencia condenatoria por un delito penal permite a los procesados albergar "esperanzas" de que los expedientes disciplinarios abiertos por la Benemérita hace ocho años, que permanecían paralizados a la espera de la resolución del procedimiento penal, no concluyan con su expulsión del Instituto Armado.
Uno de los dos civiles acusados junto a los seis guardias ha sido condenado por una falta de estafa a pagar una multa de 400 euros. El otro, un súbdito marroquí, no se ha personado a la cita con el Tribunal.
Antes de pactar con la Fiscalía las defensas de los acusados tenían previsto basar sus argumentos en la ilegalidad de las escuchas practicadas durante la investigación de los hechos, en las que, entre otros muchos comentarios, se escucha a los guardias hablar con otras personas de la forma en que debían operar para cruzar la frontera cuando el grupo estaba "solo" y en las que se oía a sus interlocutores explicar que les dejarían su contraprestación en un paquete de tabaco.
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