CEUTA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El entorno familiar y profesional de los dos agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local de Ceuta que hace un mes y medio fueron condenados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a dos años de cárcel y 22 meses de inhabilitación especial para ejercer, debido a un delito de lesiones con agravante, ha reunido "más de 8.000 firmas" en la ciudad autónoma en apoyo de una petición de indulto para ambos que "ya ha sido trasladada al Ministerio de Justicia", según han informado en declaraciones a Europa Press fuentes del grupo de impulsores de la iniciativa.
Los condenados, N.C.V. y J.G.M., fueron considerados culpables, ratificando la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 2012 de un delito de lesiones con agravante de superioridad por el que, además, deben hacer frente solidariamente al pago a los herederos de Abselam M. M. de 18.283 euros.
Este hombre, que tenía 58 años en 2005 cuando tuvieron lugar los hechos juzgados y que ya ha fallecido, fue instado a detenerse por los dos condenados y otros agentes cuando conducía su vehículo por Ceuta. Tras intentar eludir su orden, la situación derivó en un incidente que terminó con la víctima cuatro días hospitalizado, dos meses de baja y medio año en tratamiento médico.
"En síntesis", consideró probado el Supremo, "los funcionarios policiales advirtieron la presencia de una persona, a la que conocían y respecto a la que sabían carecía del permiso de conducir, cuando iba conduciendo un vehículo". Al interceptarle, "los acusados 'de común acuerdo le golpearon, derribaron y una vez caído le colocaron los grilletes y conjuntamente continuaron dándole golpes desoyendo sus lamentos de dolor".
La solicitud de indulto refiere que los dos policías "intentaron actuar de buena fe, en defensa de la Ley y la Seguridad Ciudadana, demostrando un alto grado de profesionalidad, tanto en esta actuación como en el resto de las realizadas a lo largo de su carrera profesional, siendo la primera vez que ambos han sido condenados en un proceso judicial". La medida de gracia se reclama "para no causar a éstos y por ende a sus respectivas familias un daño irreparable e irreversible".
