Publicado 30/05/2020 15:34:43 +02:00CET

Un total de 60 personas, a juicio por una trama para adjudicar irregularmente VPO en Ceuta

Varios políticos, funcionarios y particulares

CEUTA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha desestimado íntegramente los 19 recursos presentados contra el auto que puso fin a la instrucción de la mayor macrocausa de la historia de la ciudad, ligada a una supuesta trama integrada por 60 políticos, funcionarios y particulares para adjudicar irregularmente viviendas protegidas, y ha ordenado llevar a juicio oral a los investigados por presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

A todos se les atribuye, tal y como recuerda la resolución, a cuyo contenido ha tenido acceso íntegro Europa Press, "tomar parte de una u otra manera en la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial de la Ciudad Autónoma en régimen de alquiler".

El supuesto "cabecilla de la organización criminal y máximo responsable" sería el ex viceconsejero y ex diputado regional del PP Antonio López, que con cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) y varios 'captadores', entre ellos un antiguo gerente del PP Regional, habrían conseguido contraprestaciones de casi 50 'clientes' gracias también a la falta de control efectivo de la Comisión Local de la Vivienda, de la que formaban parte dos ex consejeras y un diputado de la oposición también imputados.

La Audiencia ha rechazado el argumentario de la mayoría de las defensas sin entrar al fondo de la cuestión y alegando que sus postulados deberán exponerse en fase de vista oral. "Adentrarse a analizar si nos encontramos ante un grupo o una organización es innecesario, dado que ni condiciona la postura que hubieran de mantener las acusaciones si procediera continuar hacia la fase intermedia ni afecta al tipo de procedimiento a seguir", ha advertido.

Las diligencias de la macrocausa se abrieron en junio de 2015, cuando la ex consejera de Fomento, Susana Román, a la postre también investigada, denunció la publicación en un periódico de una "lista fantasma" de adjudicatarios de 317 VPO.

En noviembre de 2018, la instructora del caso concluyó que López y sus "captadores" formaban "una organización criminal" a través de la cual el primero "entregó" parte de las casas de una promoción de 170 e intentó hacerlo con otra de 317 "previo pago de precio" por parte de particulares.

"Cuando tenían a un particular interesado lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios: o bien los colaba sin que conste que cumplieran los requisitos o bien entregaba documentos creados falsamente que parecían conceder derecho", dio por constatado la magistrada en base a los indicios acumulados durante la investigación.

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