CEUTA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT ha anunciado este jueves que interpondrá acciones judiciales contra la nueva estructura del Gobierno de Ceuta, una por lo penal contra el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vivas (PP), y su consejero de Hacienda, Alberto Gaitán, por la presunta comisión de un delito de prevaricación y dos recursos contencioso-administrativos sobre el nombramiento de siete viceconsejeros no electos y ocho directores generales que "no son funcionarios de la Administración local".
En rueda de prensa, el responsable de los Servicios Jurídicos del sindicato, Ramón Lladó, ha explicado que con esos 15 eventuales se habría vulnerado "tanto la Ley de Bases de Régimen Local como la Constitución", ya que según recordó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha dictaminado que "es ilegal e inconstitucional" que personas no electas entren a formar parte de la estructura del Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo de Vivas ha presentado un recurso de casación contra esa sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) que actualmente está pendiente de resolución. Antonio Ramírez, delegado de UGT en la Ciudad Autónoma, ha tildado de "bastante grave e irresponsable" que el Gobierno del PP haya recuperado la figura de los viceconsejeros no electos sin esperar a conocer el veredicto del Alto Tribunal, que el letrado ha dado por hecho que no le limitará a pronunciarse sobre la "legitimación activa" de la central sino también "sobre el fondo".
En relación con los directores generales, el nuevo Gobierno incluye a 16 personas, la mitad personas que "no son funcionarias" de la Administración local, por lo que Ramírez y Lladó han subrayado que la Ciudad debe asumir "íntegras" sus retribuciones, que han situado "alrededor de 90.000 euros al año", mientras "la carencia de recursos humanos de la plantilla es tal que no hay ni notificadores para tramitar las multas".
En tercer lugar, UGT va a interponer un procedimiento por presunta prevaricación contra Vivas y Gaitán por el nombramiento a finales de junio, "antes de que se constituyese la nueva Corporación", de cuatro eventuales.
El sindicato también considera "ilegal" el desarrollo reglamentario que durante la pasada legislatura aprobó el PP para separar los 25 asesores que como máximo legal se pueden nombrar a disposición de los Grupos Parlamentarios y la Mesa Rectora de la Asamblea de los cargos de libre designación dependientes directamente del Gobierno local.
Ramírez ha cifrado en "más de 70 personas" las que percibirán sueldos públicos como cargos políticos durante los próximos cuatro años incluyendo al presidente y sus siete consejeros, los viceconsejeros (7), los directores generales (16), los asesores de los Grupos Políticos y la Mesa Rectora de la Cámara (25), el personal eventual del propio Gobierno (17) y los gerentes de organismos autónomos y sociedades municipales todavía por designar. El sobrecoste en nóminas con respecto a la pasada legislatura se ha cifrado en "unos dos millones de euros al año".
