La Audiencia Nacional autoriza el llenado del embalse de Itoiz hasta la cota máxima prevista

Europa Press Ciencia
Actualizado: jueves, 13 junio 2002 15:04

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional autorizó en un fallo conocido ayer el

llenado del embalse de Itoiz ya que considera de imposible ejecución

legal la sentencia del Tribunal Supremo, que limitaba el llenado del

vaso. Así, se da vía libre para que la lámina de agua alcance la cota

590, con el aforo máximo previsto en el proyecto.

Este auto supone la remoción del último obstáculo legal para la

puesta en funcionamiento del embalse de Itoiz después de varios años

de litigios entre las Administraciones del Estado y de Navarra, de

una parte, y la Coordinadora de Itoiz y las entidades locales

opuestas al proyecto, de otra.

Como se recordará, el 29 de septiembre de 1995 la Audiencia

Nacional, a instancias de la Coordinadora de Itoiz y de los

ayuntamientos de la zona, consideró ilegal el embalse y el 6 de marzo

de 1996 prohibió provisionalmente el llenado del vaso.

El proceso judicial continuó y el 17 de julio de 1997, el Tribunal

Supremo anuló dicha sentencia por considerar que la tramitación del

proyecto del embalse era legal desde el principio. No obstante,

estimó que la lámina de agua podía afectar a las zonas de protección

de tres reservas naturales, por lo que limitó el llenado.

El entramado judicial que ha rodeado la construcción del embalse

llegó hasta el Tribunal Constitucional ante la duda de que la Ley

foral de Espacios Naturales, de 1986, hubiera sido modificada en 1996

para hacer legal el pantano en las dimensiones proyectadas. Las

bandas de protección de las reservas naturales de la zona fueron

suprimidas ese año.

La legislación española prevé que una sentencia pueda quedar

incumplida cuando "aparezca un impedimento legal o material

insalvable y que dicha causa haya aparecido con posterioridad a la

sentencia". El auto de la Audiencia Nacional acepta este argumento y

reconoce que en el presente caso concurren los presupuestos para

declarar la imposibilidad legal de ejecución de la sentencia.

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