MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Agencia Estatal de Investigación, prevista en los acuerdos entre PP Y Ciudadanos, la consecución de un pacto en I+D+i y la situación de los jóvenes investigadores que se van al extranjero a trabajar, son algunos de los retos que el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá que afrontar en el ámbito científico.
Aún se desconoce si está materia contará con un ministerio propio, como en la segunda legislatura de José Luís Rodríguez Zapatero, o seguirá vinculada a otro departamento -en la actualidad la competencia es de una Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Economía-. En todo, casó el futuro responsable tendrá que abordar la consecución de un pacto nacional por la ciencia y la innovación, que ya propuso Rajoy en su fallida investidura de finales de agosto, con la meta de alcanzar en 2020 el objetivo de inversión pública del 2% del PIB en el conjunto de todas las actividades de este sector.
Entre otras reivindicaciones del sector de la ciencia en España, se encuentra mejorar la situación laboral de los investigadores y atraer talento extranjero, al tiempo que se facilita la vuelta al sistema de los nacionales que han salido del país.
Otro de los aspectos que se debe aborda desde la nueva cartera de ciencia es la atracción de inversión privada. En este sentido, tal y cómo recoge el Informe Cotec 2016 sobre Innovación en España, el volumen anual de crédito destinado a actividades de I+D por parte del sector financiero es "pequeño", y se ha visto reducido en un 72% en el periodo 2011-2014.
Además, este dato, según apunta el documento, está en línea con la opinión de los expertos del panel de Cotec, que consideran la falta de participación de los agentes financieros españoles en la financiación de la innovación como un problema "muy importante".
Por último, como aspecto general, el nuevo equipo ministerial tendrá que enfrentarse a otras de las reivindicaciones del sector; adquirir el compromiso a largo plazo y de forma continuada del desarrollo de los proyectos científicos, sin que su cumplimiento esté por encima de cualquier situación económica y política, tal y como recoge la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), en su Informe 2016 sobre el Análisis de los Presupuestos de I+D+i.
