MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha asegurado que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) "tiene identificados a sus deudores y hace un seguimiento puntual de la deuda a través de los procedimientos establecidos al efecto".
Estas deudas, según ha explicado el Ejecutivo, son en su mayoría transferencias pendientes, de capital y corrientes, de diferentes departamentos de la Administración General del Estado.
Así lo ha manifestado el Gobierno en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el Partido Popular por la "gestión caótica" del CSIC "que no sabe quién le debe 400 millones de euros".
En su respuesta, justifica que el CSIC "revisa y reformula, con el control y asesoramiento de los órganos de supervisión a los que está sometido, todos sus mecanismos y procedimientos internos para introducir todas las mejoras que resulten necesarias".
También detalla que el CSIC es una agencia estatal estructurada en torno a 124 institutos de investigación y centros y unos servicios centrales.
En el ejercicio 2023, el Gobierno recuerda que el CSIC abordó dos cuestiones de relevancia que "condicionan" la sistemática de sus operaciones, en particular las de gestión económica. En primer lugar, se produjo la Integración entre cuatro organizaciones, los extintos OPI -Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e Instituto Español de Oceanografía (IEO), que se integran en el CSIC como centros nacionales (CCNN).
Por otra parte, también se produjo la Implantación del sistema Sorolla de gestión presupuestaria común para toda la Administración General del Estado (AGE).
"Hasta ese momento el centro contaba con desarrollos informáticos propios adaptados a las peculiaridades de sus centros de investigación. Esta transición, aun en curso, ha representado un desafío logístico para el Consejo con el consecuente proceso de adaptación y reconversión de la información", ha puntualizado el Ejecutivo.
En cuanto a la gestión de los contratos menores, informa de que la misma está delegada en las gerencias de los institutos y centros, además de la que de los servicios centrales realizan para sí.
Para esta gestión, el Gobierno indica que existe una nueva Instrucción de la Secretaría General aprobada en 2023 y se está terminando de elaborar una aplicación informática "que facilite y agilice la tramitación de estos contratos, que sustituirá a las aplicaciones actuales, que en muchos casos han sido creadas y desarrolladas por los propios centros".