MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este martes 21 de noviembre en el Senado que el Gobierno, a propuesta de la Secretaría de Estado de I+D+i, tiene previsto incluir en el anteproyecto de los Presupuestos Generales de 2018 una iniciativa que permitirá mejorar la estabilidad laboral de los investigadores con contrato temporal en Organismos Públicos de Investigación, consorcios y fundaciones científicas.
El anuncio la ha hecho durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una interpelación sobre las consecuencias de la política de investigación sanitaria, ante la posibilidad de no renovar contratos con decenas de investigadores y fundaciones, defendida por el senador del grupo socialista José Martínez Olmos.
Según ha explicado el ministro, esta iniciativa consistirá en que entidades científicas podrán disponer de una tasa para la estabilización de empleo temporal de hasta el 90% de las plazas, dotadas presupuestariamente, que hayan estado ocupadas ininterrumpidamente por investigadores con contratos temporales, al menos, durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017. Esta medida beneficiaría a unos 2.500 trabajadores, según ha comentado el ministro.
Un total de 79 científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han suscrito una misiva dirigida al presidente del Gobierno y a otros cinco ministros en la que avisaban de que su labor investigadora está en "serio peligro" y le pedían una "solución urgente" que garantice la integridad y estabilidad de su plantilla.
Según ha avanzado De Guindos, esta medida sería similar a la que se aplicó a los interinos de Sanidad y Educación y no tendrá coste presupuestario porque se cubrirían plazas que ya cuentan con financiación procedente de fondos propios o externos. En palabras del ministro, la iniciativa supondría "un paso más para solucionar un problema crónico" como es el de la temporalidad en los contratos de los investigadores.
Para el titular de Economía, esta temporalidad "tiene explicaciones", como es la naturaleza de la labor de investigación, la política de conversión de becas en contratos o la temporalidad de proyectos.
"La carrera investigadora no es solamente estabilidad, sino formación, la evaluación del rendimiento, movilidad e internacionalización", ha precisado el ministro.
EQUIPARACIÓN DE SALARIOS
En este sentido, también ha avanzado que el Gobierno está tramitando un Real Decreto para crear la figura de la comisión evaluadora del desempeño de la actividad científico tecnológica y que se regularán las retribuciones del personal investigador funcionario de las escalas de los organismos públicos de investigación con el objetivo de equiparar los salarios de los investigadores de los organismos con los existentes en el CSIC. "Esto contribuirá a que el sistema sea más competitivo", ha declarado.
Por su parte, el senador socialista ha hecho referencia a la situación del CNIO y del CNIC, ya que, según ha recordado, con la Ley de Presupuestos de 2017, la situación "se agrava" en estas dos fundaciones porque, según los PGE 2017, se responsabilizaba a los gestores en caso de haber irregularidades en los contratos y la Ley de la Ciencia no especificaba por entonces que las fundaciones estaban sujetas a la excepción que posibilita concatenar contratos temporales. Ante las quejas de estas dos fundaciones, el Gobierno aprobó un Real Decreto el pasado 6 de octubre que modificaba la Ley, de modo que también fundaciones y consorcios científicos estuviesen sujetos a esta excepción.
"Ustedes han reaccionado tarde y de manera incompleta porque los trabajadores de la ciencia siguen denunciando públicamente que esta decisión no acaba con el problema", ha afeado el senador, que considera que este Real Decreto fue un "parche" y ha insistido en que los centros de investigación necesitan asegurar una estructura de personal para hacer un trabajo de excelencia.
Así, ha pedido al ministro que escuche las reivindicaciones de estos trabajadores y que se asegure de que los contratos sean "dignos" y acordes a la cualificación, así como que el Gobierno asegure la estabilidad en el empleo.
