MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha celebrado el "amplísimo consenso" que ha habido con el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados por 279 votos a favor (PSOE, PODEMOS, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV, Junts, BNG y CUP).
"Esta ley ha estado muy dialogada con los actores del sistema de investigación, también muy trabajada con los grupos políticos, recoge un amplísimo consenso sin ningún. Es prácticamente una anomalía parlamentaria", ha señalado en declaraciones a los medios desde el Congreso la ministra, que le ha dedicado la ley a los científicos.
Morant ha recordado a aquellos que han tenido que abandonar España en la última década porque "su país le daba la espalda": "Estamos hablando de toda una generación, la más talentosa de la historia de España, con más méritos, que no tenía espacio en nuestro país porque la receta de recortes y austeridad no permitían que la ciencia tuviera un lugar en nuestro país".
El Gobierno, según ha apuntado Morant, "tiene claro" que las crisis y los retos se tienen que afrontar "con más ciencia, más conocimiento, más investigación". "Se tienen que generar en nuestro país, no tenemos que ser compradores de innovación", ha defendido.
En este punto, ha indicado que, más allá de unos Presupuestos "históricos para la ciencia", era necesaria una ley "que arreglara el sistema". Así, ha afirmado que la ley aprobada este jueves "arregla el sistema, arregla los fallos que existían frente a la carrera científica, dando más derecho al personal investigador".
En concreto, Morant ha destacado que los investigadores ahora tienen indemnizaciones "que no tenían" y tienen reconocida una carrera "estable y predecible", además de rebajar las cargas burocráticas, una de las "grandes quejas" de los investigadores españoles.
Igualmente, la ministra ha destacado el "blindaje" presupuestario incluido en la nueva ley. "Una financiación que va a estar blindada por ley para que nunca más a este país le falte dinero para la investigación y el conocimiento", ha sentenciado.
UNA LEY QUE "ATAJA LA PRECARIEDAD" DE LOS CIENTÍFICOS
Previamente, Morant ha intervenido en el Pleno en el que finalmente se ha aprobado la nueva norma, donde ha resaltado que la ley "tiene grandes avances y fortalezas, ataja la precariedad con un nuevo contrato indefinido, mejora las condiciones laborales de los investigadores jóvenes y reduce las cargas administrativas en la justificación de las ayudas".
"Es una ley de la que me siento orgullosa y he trabajado con implicación personal desde mi primer día. El texto supone una ley oportuna y consensuada que resuelve los problemas más acuciante del sistema español de ciencia. Ha sido debatida y mejorada por las organizaciones científicas, empresariales y sociales más representativas", ha manifestado.
Para la ministra, el "valor más importante" de la norma es que es un texto "que nace del diálogo", ya que es una ley "participada, consensuada y trabajada por todos". Precisamente, ha recordado que en el trámite de audiencia pública "se recibieron más de 600 propuestas de las que fueron atendidas e incorporadas el 80%".
En sus palabras, la ley, un texto con "grandes avances y fortalezas", refuerza los aspectos sociales, con avances en igualdad de género y conciliación, protegiendo la diversidad y actuando contra el acoso.
"Damos impulso a la ciencia e innovación conectando nuestro sistema con Europa y el mundo tras una década de retroceso y de recortes. La calidad de la ciencia española depende de nuestra capacidad para atraer y retener a los nuestros", ha concluido.
INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN Y CREACIÓN DE LA AGENCIA ESPACIAL
Entre otras medidas, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley.
La futura ley recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema". Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista", interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.
Para esta modalidad de contrato propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir "una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".
Por otro lado, se incorpora un nuevo contrato indefinido para "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas. Este tipo de contratos podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia, pero "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".
Al igual que los postdoctorales, también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales, medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.
