ERC pide que los centros de investigación de las comunidades autónomas tengan competencias exclusivas y puedan autogestionarse
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PNV y CiU han pedido en sus paquetes de enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que la nueva normativa explicite y reconozca la transferencia de las competencias de I+D+i a estas comunidades autónomas.
En las cerca de 90 enmiendas que ha presentado el PNV, y a las que tuvo acceso Europa Press, la formación nacionalista vasca explica que en 2009 el Gobierno aprobó la transferencia de las competencias en materia de I+D+i a la comunidad autónoma vasca.
Es más, han presentado una enmienda de adición en la que plantean la inclusión de una nueva disposición adicional al proyecto de ley, que refleje claramente este acuerdo del Gobierno con la comunidad autónoma.
Según argumenta, la Ley de Ciencia debe garantizar "una adecuada colaboración entre la Administración General del Estado y la del País Vasco en esta materia". En cambio, el conjunto del articulado del Gobierno no recoge este traspaso de funciones.
Con sus enmiendas, según ha puntualizado, también pretende dar un mayor peso a la Innovación en la normativa, con el objetivo de que "se equipare a los conceptos de Ciencia y Tecnología".
NACIONALISTAS CATALANES
Entre las más de 75 enmiendas presentadas por los nacionalistas catalanes, CiU solicita igualmente que se respete en la ley su ámbito competencial de I+D+i, de igual forma que el PNV, y además pide que se reconozca la importancia del modelo de centros de investigación que tiene Cataluña, como el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona (ICFO).
A su juicio, este modelo otorga "mayor flexibilidad" y está enfocado a la excelencia y consecución de resultados, además, consideran que esta fórmula es compatible con los actuales OPIS, aunque señala que hay que romper con la rigidez de los mismos.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
IU-ICV, por su parte, ha registrado más de 100 enmiendas a la normativa, a la vez que ha reconocido e introducido el papel que desarrollan los centros tecnológicos en la transferencia de conocimiento al tejido industrial. En su opinión, en la normativa no se contempla su papel y sí se van a ver afectados por el cumplimiento de la misma.
Asimismo, indica que la creación del Comité Español de Ética de la Investigación, adscrito al Consejo de Política Científica y Tecnológica, como órgano colegiado, debe ser independiente y de carácter consultivo, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica y con las consecuencias e impacto de los resultados de la investigación, desarrollo e innovación sobre la sociedad".
Además, hace hincapié en la retribución del investigador y pide que se establezca en el convenio colectivo para los trabajadores en prácticas sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 60 por ciento durante los dos primeros años, y al 75 por ciento durante el tercer y cuarto año, del salario fijado en el convenio colectivo o del percibido por un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.
Tampoco podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional que se establezca cada año, añade, al mismo tiempo que explica que las retribuciones establecidas en el Proyecto de Ley resultan insuficientes, especialmente si se tiene en cuenta que puede resultar de aplicación a entidades privadas que pueden tener establecidos salarios inferiores a los establecidos en el sector público o incluso carecer de convenio colectivo.
ERC, por su lado, ha recogido 45 enmiendas, de las que destaca la propuesta de que los centros de investigación de las comunidades autónomas se autogestionen y tengan competencia exclusiva en sus funciones.
De esta forma, los republicanos quieren preservar las competencias de las comunidades autónomas, mientras que la ley contempla un sistema estatal de competencias, salvo en el caso catalán y en el vasco, que sí cuentan con éstas.
TAMBIÉN, LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
Por su parte, entre las siete enmiendas de UPN, resalta la petición de que no sólo las universidades privadas puedan también contratar a los investigadores de acuerdo con la ley de Ciencia, y no sólo las públicas como reza el texto provisional de la normativa.
Además, propone una enmienda de modificación al articulado porque considera que el proyecto de ley no resulta "suficientemente claro" en cuanto a la conformación del Sistema Español de Ciencia y Tecnología español.
REORGANIZACIÓN DE OPIS
El PSOE, con 13 enmiendas, pide que el contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia y Tecnología, que podrá concertarse con quien esté en posesión del título de doctor o equivalente, en el caso de las personas con discapacidad no tenga límite de aplicación, como el que dicta la normativa de entre cinco y siete años.
En cuanto a la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación, el PSOE añade al texto de la normativa que ésta reforma supondrá la "extinción" de aquellos OPIS que compartan funciones con otros organismos públicos.
