Tribunal de Cuentas constata que el edificio Ignacio Bolívar adscrito al CSIC no tiene un uso definido desde hace años

   MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal de Cuentas ha advertido de la situación del inmueble Ignacio Bolívar en la Comunidad de Madrid, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), "sin uso definido desde hace años".

    Así lo refleja el organismo en el informe de fiscalización sobre la gestión y uso de los inmuebles del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus entidades adscritas, correspondiente al ejercicio 2022, al que ha tenido acceso Europa Press.

   El CSIC asumió la gestión del edificio Ignacio Bolívar en 2008 a través de una concesión de quince años para un proyecto que finalmente no salió adelante, según han informado a Europa Press fuentes de este organismo, que añaden que, una vez finalizada la concesión, se ha iniciado un proceso de reversión para devolver el uso a los ayuntamientos que tienen su propiedad, que son el de Navacerrada y Cercedilla.

    El informe del Tribunal de Cuentas concluye que la Dirección General de Patrimonio -responsable de la administración, explotación y defensa de los bienes inmuebles del Estado-, "no ha ejecutado de forma activa las tareas propias para el control y seguimiento de los bienes inmuebles".

    Asimismo, destaca que no se han aprobado los programas anuales de optimización del uso de edificios, previstos para incluir un análisis detallado de ocupación y características de los inmuebles, si bien se han elaborado documentos centrados en la venta de activos o en la reducción de arrendamientos.

    El Tribunal de Cuentas avisa de que la ausencia de programas de optimización impide disponer de un diagnóstico completo de la situación de los edificios y de criterios claros para su uso y aprovechamiento, "resultando paradigmático la situación del inmueble Ignacio Bolívar, adscrito al CSIC sin uso definido desde hace años".

    La fiscalización también ha constatado que el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado (IGBDE), gestionado a través de la aplicación informática CIBI y conectada con el sistema contable de la Administración General del Estado, "no tiene conexión con los inventarios de bienes de los organismos públicos, gestionados a través de diferentes aplicaciones" y entre los que figuran el Instituto Carlos III y el CSIC, lo cual, según apunta el TC, "dificulta su uso como instrumento para una gestión activa del patrimonio inmobiliario".

    Además, el informe advierte de que no se realiza el seguimiento del Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética y que los datos son incompletos y no permiten extraer conclusiones sólidas.

    No obstante, el organismo sí aprecia una mejora en la obtención de certificados de eficiencia energética de los edificios utilizados por la Administración.

    El Tribunal de Cuentas recomienda, entre otras medidas, impulsar la interoperabilidad de CIBI con otras aplicaciones de gestión inmobiliaria y aprobar los programas anuales de optimización del uso de edificios.