La Segunda Oportunidad deja de ser marginal; el nuevo termómetro del endeudamiento en España

Madrid, 2 de febrero de 2026.-

Durante décadas, la insolvencia personal fue una realidad prácticamente invisible en España. Endeudarse más allá de la capacidad de pago no generaba estadísticas públicas ni debates económicos de calado: era un problema privado, silencioso y, en muchos casos, perpetuo. Familias enteras convivían durante años con embargos, intereses acumulados y exclusión financiera sin una salida realista. Hoy, sin embargo, ese panorama está cambiando de forma acelerada, tal y como observan desde Resuelve Mi Deuda, despacho especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

En España, más de 20 millones de personas tienen deudas activas y cerca de seis millones se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera, aunque solo alrededor del 3% ha recurrido a los mecanismos legales de exoneración. Esta brecha explica que el crecimiento actual no sea coyuntural, sino estructural.

Un problema masivo que empieza a aflorar

El endeudamiento de los hogares españoles supera el 40% del PIB y el peso del crédito al consumo ha aumentado, afectando especialmente a autónomos y rentas medias. En este contexto, la Ley de la Segunda Oportunidad ha dejado de ser residual para convertirse en una vía habitual de ajuste financiero. Tras la reforma de 2022, los procedimientos se han disparado, pasando de 700 en 2014 a cerca de 36.000 en 2023, reflejando un cambio social en la percepción de la insolvencia.

El impacto económico; deuda cancelada y sistema financiero

La magnitud del fenómeno ya es relevante a escala macroeconómica. La deuda exonerada acumulada en España se estima en torno a los 60.000 millones de euros, con más de la mitad concentrada a partir de 2021. Este volumen, que hace apenas una década habría parecido impensable, empieza a tener efectos visibles tanto en el sistema financiero como en el consumo interno.

Paralelamente, el volumen de créditos de dudoso cobro supera los 42.000 millones de euros, con una morosidad bancaria cercana al 3,6%, según datos del Banco de España. Desde la óptica del sector financiero, la Segunda Oportunidad cumple una función esencial: permite aflorar pérdidas que, de otro modo, permanecerían ocultas durante años en balances inflados artificialmente.

Para la economía en su conjunto, el efecto es aún más relevante. La exoneración de deuda libera renta futura, reduce la economía informal y facilita la reincorporación de miles de personas al circuito financiero formal. El coste inmediato de la cancelación resulta, a medio plazo, inferior al coste social y económico de mantener a millones de ciudadanos atrapados en una insolvencia crónica.

Además, existe un efecto indirecto sobre la productividad. Un autónomo liberado de una carga financiera insostenible puede volver a emprender, invertir o consumir con mayor normalidad. Desde este punto de vista, la Segunda Oportunidad actúa como un estabilizador económico silencioso.

España frente a Europa: una brecha aún abierta

Pese al crecimiento reciente, España sigue por detrás de países como Francia y Alemania en insolvencia personal. Francia registra más de 134.000 procedimientos anuales (245 por cada 100.000 habitantes), frente a unos 100 en España. La diferencia responde a una mayor normalización y agilidad del sistema, que facilita una reincorporación económica más rápida del deudor. En ambos países, la insolvencia forma parte del funcionamiento habitual de la economía.

España se encuentra en una fase intermedia: crece rápido, pero parte de una base históricamente muy baja. Precisamente por eso, el potencial de convergencia es elevado. La comparación europea sugiere que el crecimiento observado no solo es sostenible, sino probable durante varios años.

Una oportunidad económica más que un problema legal

Desde una perspectiva estrictamente económica, la distancia con Francia y Alemania no es solo una comparación incómoda, sino una oportunidad latente. Si España alcanzara ratios similares, el número de procedimientos podría duplicarse o incluso triplicarse en el medio plazo. Esto tendría efectos directos sobre el mercado legal, financiero y de servicios asociados, pero también sobre variables macroeconómicas como el consumo, la recaudación fiscal y la reducción de la economía sumergida.

El sector legal especializado ya está experimentando esta transformación. Despachos, economistas y asesores financieros están adaptando sus modelos de negocio a una demanda creciente y más sofisticada. 

“Resuelve Mi Deuda, despacho de abogados especializado y referente en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en España, prevé un crecimiento sostenido del 15 % en el número de expedientes tramitados durante los próximos tres años, según datos y estudios internos de la firma”, señala Marta Valls Guiu, titular del despacho, quien destaca “el aumento progresivo de personas que recurren a este mecanismo legal para reestructurar o cancelar sus deudas”.

Al mismo tiempo, las entidades financieras comienzan a integrar la insolvencia personal como una variable estructural de riesgo, y no como una excepción.

Los datos de comportamiento social refuerzan esta lectura. Las búsquedas en internet relacionadas con la Ley de la Segunda Oportunidad muestran una tendencia ascendente sostenida en los últimos cinco años, con especial intensidad en comunidades como Murcia, Canarias, Extremadura o la Comunidad Valenciana. Se trata de regiones con alta presencia de trabajo autónomo y mayor exposición a la pérdida de poder adquisitivo.

La demanda existe y crece; el sistema, simplemente, está llegando tarde a una realidad ya instalada.

Mirando a 2026: qué cabe esperar

De cara a 2026, el escenario más probable apunta a un crecimiento anual sostenido de entre el 15% y el 25% en los procedimientos de Segunda Oportunidad. La normalización social, el mayor conocimiento del mecanismo y la presión económica sobre los hogares seguirán alimentando esta tendencia incluso en escenarios de crecimiento económico moderado.

Un escenario más expansivo —ligado a nuevas simplificaciones normativas, refuerzos judiciales o mayor digitalización— podría acelerar la convergencia con los países europeos más avanzados. El principal riesgo, en cambio, reside en la saturación de los juzgados mercantiles si el crecimiento no va acompañado de recursos suficientes, lo que podría ralentizar los procedimientos y erosionar la confianza ciudadana.

No obstante, incluso en un escenario conservador, la dirección es clara. La Segunda Oportunidad ha dejado de ser un recurso excepcional para convertirse en un indicador adelantado del estado financiero de la sociedad.

Un termómetro de la economía real

Más allá del debate jurídico, el auge de la Segunda Oportunidad refleja una realidad económica profunda: el modelo de endeudamiento de los hogares españoles está en revisión. Lo que antes se resolvía mediante refinanciaciones interminables, economía informal o exclusión financiera empieza a canalizarse por vías institucionales más eficientes y transparentes.

Para 2026, la pregunta ya no será si este mecanismo seguirá creciendo, sino si España será capaz de gestionarlo con la eficiencia de las economías europeas más avanzadas. Porque, en última instancia, la insolvencia personal no es solo un problema legal: es uno de los termómetros más precisos de la economía real y de la salud financiera de una sociedad que, por fin, empieza a afrontar su endeudamiento de forma estructural.

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