MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
· La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, clausurarán mañana las jornadas
Las reformas llevadas a cabo en la Ley de la Jurisdicción Social protagonizaron hoy la jornada inaugural de la XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados Sociales que se celebra hoy y mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz. Durante estos dos días, destacadas personalidades del mundo de la política y de la judicatura se darán cita en la ciudad andaluza para debatir importantes asuntos que afectan tanto al colectivo de los Graduados Sociales, como a la sociedad en general.
La Asamblea -en la que SS.MM. los Reyes ostentan la Presidencia del Comité de Honor- se enmarca dentro de los actos de celebración por el Bicentenario de la proclamación de la Constitución de 1812, más conocida comúnmente como "La Pepa". Durante la inauguración, el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Villar de Lanuza aprovechó la celebración de este aniversario para resaltar "la cada vez más relevante labor" de los Graduados Sociales como "garantistas de los derechos del trabajador" y la importancia de este encuentro para "llevar a buen puerto la Reforma Laboral".
Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional de Cádiz, Manuel Estrella Ruiz, recordó que el Tribunal Supremo nació en la capital gaditana y que los Graduados Sociales no podían faltar a la celebración del Bicentenario. Para Estrella, se trata de un colectivo "dinámico y adaptado a los tiempos modernos" y destacó la importancia de su trabajo en la prevención de riesgos laborales. Asimismo, quiso resaltar su preocupación por "los problemas relativos a la colegiación" y que se tratarán en las mesas redondas de la Asamblea.
Reformas para la Ley de Asistencia Jurídica Gratuíta
El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo, explicó durante su intervención que el Ministerio de Justicia está "abordando reformas estructurales" entre las que destacó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que, según Gonzalo, "no puede llevarse a cabo sino es con el consenso de todos". A este respecto, explicó que el Ministerio es "consciente del papel de los Graduados Sociales y su capacidad para adaptarse".
Gonzalo destacó "el importante conocimiento en mediación laboral" de este colectivo y aseguró a los asistentes que "el Ministerio estará muy atento" a lo que se exponga en la Mesa Redonda de Mañana sobre el papel de los Graduados Sociales en la Asistencia Jurídica Gratuíta.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín, destacó la importancia "vital" de estas jornadas para poner de relieve la "labor de pacificación" de los Graduados Sociales en las relaciones laborales. Para San Martín el papel de este colectivo es fundamental: "Tenemos que seguir el principio de honestidad con el pueblo para poder contribuir a que este país salga adelante". En este sentido, recalcó la necesidad de tener un "conocimiento profundo" de las reformas ya que la contribución de los Graduados Sociales "es la formación".
Por último, quiso destacar la labor generosa de este colectivo en la Asistencia Jurídica Gratuita y que no hay que "mercantilizar" ya que se realiza de forma "humilde, callada y sincera" aunque no cuente con el reconocimiento legal.
Durante la inauguración también estuvieron la presidenta del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, Dolores Bejarano Díaz y el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández que el Ministerio sabe que los Graduados Sociales son "el hilo conductor de las inquietudes de la sociedad".
La nueva ley de la Jurisdicción Social
La presidenta de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ana María Orellana, fue la primera ponente de la jornada y abordó las reformas llevadas a cabo en la Ley de la Jurisdicción Social para adaptar la nueva Ley procesal a la reforma urgente del mercado de trabajo.
Para Orellana "el eje más importante" de la reforma laboral de febrero de este año, es la supresión de la necesidad de autorización de la Autoridad Laboral para que el empresario pueda adoptar una medida de extinción colectiva de las relaciones laborales, de suspensión de los contratos de trabajo, de reducción de la jornada o, de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de naturaleza colectiva, en las empresas en las que no hubiera sido el empresario declarado en concurso.
Orellana aseguró que la supresión de los expedientes de regulación de empleo administrativos "ha supuesto un avance importante para la equiparación del régimen español del despido colectivo al de los demás países de la Unión Europea". En este sentido, señaló que la reforma laboral instaura una nueva modalidad procesal en el orden social: el procedimiento de despido colectivo.
Como novedad, la magistrada destacó la atribución al orden social de la competencia para el conocimiento de las impugnaciones de las resoluciones administrativas de imposición de sanciones en materia laboral y sindical, que, según Orellana, "era necesaria y colabora con la pretensión del legislador de otorgar a la jurisdicción social el conocimiento de todas las cuestiones que afectan a la prevención de riesgos laborales".
De este modo, la magistrada aseguró que no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales; evitándose la dualidad jurisdiccional y el denominado "peregrinaje de jurisdicciones".
Ley de Dependencia, acoso laboral y proceso monitorio
La magistrada destacó durante su ponencia la nueva competencia de la jurisdicción social para la resolución de todas las cuestiones referidas a las políticas públicas de protección social a través de la Ley de Dependencia. Sin embargo, Orellana criticó que se faculte al Gobierno para que remita a las Cortes, en el plazo de tres años, un Proyecto de Ley para hacer efectiva esta atribución competencial.
Por lo tanto, todas las solicitudes de prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia que no se estén abonando pese a estar concedidas -por problemas inherentes a la falta de liquidez de las Administraciones Públicas- tendrán que solicitar la efectividad de la resolución ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo que, según la magistrada, "producirá en la mayoría de los casos una desprotección de los más desfavorecidos".
Además, se introduce una medida cautelar importante, según Orellana, en los supuestos de acoso laboral, permitiendo que el Juez de lo Social acuerde todas aquellas medidas -suspensión, exoneración, traslado o reducción del tiempo de trabajo- que tiendan a preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, en la acción de resolución indemnizada del contrato instada por el trabajador.
Por último, una de las novedades más importantes de la Ley de la Jurisdicción Social, según la magistrada, es la introducción en el proceso laboral del denominado proceso monitorio, para reclamar cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada derivadas de la relación laboral, que no excedan de 6.000 euros, frente a la empresa que no haya sido declarada en concurso.
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