La Asociación Fuente Clara Cabrera pide destituir al Delegado de Huelva tras la muerte de una joven

Enara de la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos víctimas de accidentes de tráfico

- JOSE A. CABRERA

(Información remitida por la empresa firmante)

La entidad considera que existió una actuación administrativa insuficiente ante reiterados incumplimientos relacionados con la presencia de equinos sueltos en carretera.

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos – Víctimas de Accidentes por Equinos Sueltos en Carretera – ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el que solicita formalmente la destitución del Delegado Territorial de Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos, así como la apertura de una investigación interna por el presunto funcionamiento anormal del servicio público.
La petición se fundamenta en los reiterados incumplimientos detectados durante años en materia de control y custodia de equinos sueltos en la provincia de Huelva, especialmente en el término municipal de Bonares.
El 18 de abril de 2024 falleció Dña. Fuente Clara Cabrera Mateos, de 25 años de edad, tras colisionar su vehículo contra dos mulos sueltos que invadían la vía pública y que, según consta en los antecedentes administrativos, pertenecían a una explotación ganadera del municipio de Bonares.
Según expone la Asociación, existían múltiples incidencias y expedientes previos tramitados por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS) en relación con la reiterada aparición de equinos sueltos procedentes de la citada explotación.
La organización sostiene que, pese al conocimiento previo del riesgo para la seguridad vial, no se adoptaron medidas cautelares ni sancionadoras eficaces – como la suspensión o clausura de la explotación – que hubieran podido evitar el desenlace fatal.
La Asociación recuerda que el artículo 103 de la Constitución Española obliga a la Administración a actuar con objetividad y eficacia, y que la Ley 40/2015 establece el principio de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Entre las medidas solicitadas figuran la destitución del delegado territorial, la apertura de una investigación interna, la revisión urgente de los protocolos de inspección y la adopción de medidas preventivas que impidan nuevos episodios de riesgo en carretera.
"La seguridad vial no puede depender de la suerte. Cuando la Administración conoce un riesgo y no actúa con la contundencia necesaria, las consecuencias pueden ser irreparables", han señalado desde la entidad.