Los 62 inmigrantes detenidos en Oropesa (Castellón) podrán legalizar su situación laboral

CASTELLON 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, anunció hoy que los 62 trabajadores extranjeros que fueron detenidos el pasado 23 de mayo por infringir la Ley de Extranjería tras la desarticulación de una red de inmigración ilegal en Oropesa (Castellón) podrán normalizar su situación laboral "gracias a un principio de acuerdo con la empresa constructora principal, que ha manifestado su voluntad de contratar legalmente a todos ellos".

Calles realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida con los sindicatos UGT y CCOO y la Inspección de Trabajo, en la que se trató el acuerdo para normalizar la situación irregular de estos trabajadores de la construcción.

El subdelegado recordó que la operación policial llevada a cabo en el mes de mayo, en la que también fue detenido un empresario portugués por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, se llevó a cabo "a raíz de algunas denuncias e informaciones". "Presumíamos la existencia de personas en situación irregular --dijo-- y, por lo tanto, se realizó una operación de redada, lo que puso en evidencia una situación de trabajo irregular".

Juan María Calles explicó que, tras la operación policial, "se procedió a comprobar todas las documentaciones, tanto a nivel de residencia como de trabajo". Destacó que en "esa actuación conjunta de la Inspección de Trabajo y las Fuerzas de Seguridad del Estado" sacaron a la luz "una situación de trabajo irregular, ubicado fundamentalmente en el ámbito de la construcción" y empresas que "aprovechan la Directiva de Transnacionales para realizar un fraude laboral".

El acusado por un delito contra el derecho de los trabajadores es el presunto responsable de las contrataciones ilegales de extranjeros, a los que supuestamente captaba en Portugal y desplazaba de forma ilegal hasta Oropesa, donde estaban empleados también de forma ilegal en la construcción. Las contrataciones se realizaban, al parecer, mediante empresas interpuestas, pero el detenido aparecía siempre como la persona que materializaba los contratos, y había creado varias empresas a las que cambiaba el nombre con frecuencia.

El subdelegado del Gobierno también anunció que la empresa subcontratista portuguesa será sancionada por la Inspección de Trabajo "por fraude a Ley de Trabajos Transnacionales y por posesión ilegal de mano de obra", sanciones que pueden alcanzar los 180.000 euros". También señaló que la mayor preocupación durante las últimas semanas ha sido "esa clara situación de desamparo" en la que se encontraban los 62 trabajadores, "que pensaban que estaban trabajando legalmente en España".

Calles manifestó que "en los próximos días se procederá a elaborar esta documentación para la regularización de estos extranjeros", y mostró su satisfacción por el hecho de que, desde ayer, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración delegue en los subdelegados las autorizaciones de Residencia Temporal por concurrir circunstancias excepcionales, "circunstancia que permitirá agilizar esta gestión documental".

También aclaró que "se está aplicando la legislación vigente" con respecto a estos trabajadores, "quienes están sin trabajar hasta que se solucione documentalmente su situación", y recalcó que "que estos expedientes no son privilegiados con respecto al resto de expedientes que se estén gestionando en la provincia".

La secretaria general de CCOO, Encarna Barragán, recordó por su parte que "todos estos trabajadores tienen cuenta abierta y tarjeta sanitaria en Oropesa". Con respecto a estas personas, aseguró que se "han valorado las vías por las cuales, dentro de la legalidad, se podía acceder a su proceso de normalización de su vida, contratación y alta en la Seguridad Social".

Barragán también señaló que "se sigue con las demandas que tienen pendientes de cobro, porque se les adeudaban varios meses de salario" y mostró su preocupación por la "situación de precariedad" en las que se encuentran estos trabajadores de la construcción, entre los que hay ucranianos, moldavos, rusos, eslovacos y brasileños.

NUEVA CIRCULAR

Por otro lado, Juan María Calles señaló que la operación policial llevada a cabo en Oropesa "ha alertado y ha puesto en marcha" la percepción del Ministerio de Trabajo "con respecto a la dificultad documental de obtener información en las empresas de subcontratas".

El subdelegado se refirió a la nueva circular firmada el pasado 3 de julio en Madrid, Circular 1/2006, sobre intercambio de información en cuanto al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, a raíz de un documento de la Comisión Europea de abril de 2006.

"Esta circular, facilitada por el Ministerio de Trabajo, permitirá que a partir de ahora la Inspección de Trabajo pueda comprobar de manera documental y fehaciente las documentaciones de estas empresas sin iniciar la vía protocolaria diplomática que nos retrasaba tanto el trabajo", explicó.

INFRACCIONES

Por último, Juan María Calles hizo un repaso a la evolución de infracciones de extranjeros en situación irregular en la provincia castellonense en los últimos años. Según explicó, en 2001 se produjeron 174 infracciones, con un importe de 982.000 euros; en 2002 se levantaron actas equivalentes a 306 infracciones, por un importe de 1.988.000 euros; en 2003 el número alcanzó las 406, por un importe de 2.518.000 euros; la cifra en el 2004 fue de 477, por una cuantía de 2.888.000 euros. En 2005, año de la normalización de la situación de inmigrantes, el número de infracciones fue de 151, por un importe de 922.000 euros.

Hasta el 31 de mayo del presente año, las infracciones alcanzan la cifra de 237, por un importe de 1.500.000 de euros. Entre 110 y 115 empresas han sido sancionadas en la provincia castellonense en lo que va de año.