VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 63 por ciento de los abogados valencianos considera que la administración de justicia funciona mal o muy mal, según se desprende de una encuesta sobre la situación de la abogacía en la Comunidad Valenciana y su relación con la sociedad y el resto de órganos de justicia realizada a cerca de 400 letrados. Este trabajo indica que uno de cada dos abogados cree que la situación de la profesión es buena y que uno de cada tres estima que ha habido un retroceso en los últimos 25 años.
Esta encuesta es una ampliación del II Barómetro Interno de Opinión del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) --presentado a principios de este año y realizado entre unos 3.200 abogados-- que recoge datos referidos a la Comunidad Valenciana.
El sondeo con la opinión de los abogados que ejercen en Castellón, Valencia y Alicante fue dado a conocer hoy en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de la Justicia de Valencia por el presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), Francisco Real, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) y consejero de esta institución, Fernando Alandete.
A cada uno de los cerca de 400 abogados de la Comunidad Valenciana que han participado en este estudio se le han realizado 50 preguntas referidas a tres grandes áreas: la situación de los abogados, su opinión sobre la justicia y preguntas sobre cuestiones sociales.
Francisco Real explicó que uno de cada dos abogados estima que la situación de la profesión, en cuanto a condiciones laborales, económicas y de relación con el resto de profesionales del ámbito de la justicia es buena, mientras que uno de cada tres opina que ha habido un retroceso en los últimos 25 años.
Comentó que los profesionales de la abogacía sitúan las mejoras en aspectos como la formación especializada, un 26 por ciento de los encuestados; la implantación tecnológica, para el 11 por ciento de los entrevistados, y el incremento de los medios técnicos y humanos, también para el 11 por ciento.
Por otro lado, apuntó que las razones que se aducen para plantear un "retroceso" son la masificación, para el 43 por ciento; la competencia, para el 13 por ciento, y la lentitud de la administración de justicia, para el 10 por ciento de los encuestados. Detalló que el 88 por ciento de los abogados valencianos considera que hay demasiados profesionales, pero matizó que esta masificación no supone un incremento de las malas prácticas, según indica el 78 por ciento de los participantes en la encuesta.
Real, que destacó que estos resultados son "muy similares" a los obtenidos en los estudios hecho entre los abogados del resto de España, apuntó que el 94 por ciento de los encuestados en las tres provincias de la Comunidad Valenciana considera que son profesionales que desempeñan "un papel esencial" en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Resaltó también el grado de "satisfacción" de estos letrados por lo que se refiere a sus colegios profesionales y al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, según dijo, "superior a la media nacional y al del resto de autonomías". En esta línea, apuntó que se destaca la implantación tecnológica y la eficiencia de los programas de formación. Dijo que el 82 por ciento de los abogados estima que su colegio profesional destina suficientes recursos para adaptarse a la sociedad, frente al 75 por ciento de la media nacional.
POSICION FRENTE A LA JUSTICIA
Por lo que se refiere al segundo apartado de la encuesta, la opinión de los abogados valencianos por lo que se refiere al funcionamiento de la justicia, el presidente del CVCA manifestó que el 63 por ciento cree que la administración de justicia "funciona mal o muy mal". Señaló que, en consecuencia, un 83 por ciento defiende evitar a acudir a ella, generalmente por "su lentitud" aunque, "se reconoce que el trato por parte del personal de los juzgados suele ser amable", matizó.
Respecto a la relación con los jueces, 3 de cada 5 abogados de la Comunidad Valenciana señala que son receptivos a las necesidades de lo letrados, mientras que uno de cada dos cree que éstos abusan de su poder. Francisco Real comentó que aunque ésta es "una cifra excesiva", los jueces valencianos están "muy por debajo de la media nacional en este apartado, que supera el 63 por ciento de quejas".
Del mismo modo, apuntó, según se desprende de la encuesta, que un 61 por ciento de los letrados encuestados denuncia que en las oficinas judiciales se les pone trabas cuando tratan de obtener la información que necesitan para su defensa, y agregó, como dato "muy importante", que cerca del 90 por ciento estima que no compiten en igualdad de condiciones con los fiscales, que en opinión de los abogados reciben mejor trato por parte del juez. Afirmó que ésta es "una práctica reprobable que rechazamos totalmente".
Por lo que se refiere a las preguntas relacionadas con cuestiones sociales manifestó que el 61% de los encuestados piensa que los ciudadanos tienen una imagen negativa de ellos a pesar de que el estudio general sostiene que los valencianos son los mejor formados de España, ya que la mitad cuenta con formación postgrado frente a la media española, del 36%. Los letrados valencianos se dedican en un 90 por ciento al ejercicio profesional aunque son los que mantienen mayor colaboración con otros profesionales liberales como arquitectos o economistas.
DINERO Y PODER
Los encuestados en la Comunidad Valenciana estiman que la imagen negativa de la abogacía existente en la sociedad se debe, entre otras cuestiones, a la identificación de abogacía y dinero o poder, una circunstancia que situó "lejos de la realidad". Como ejemplo indicó que un 50% de los letrados valencianos conoce a compañeros con dificultades económicas, y un 20%, más de un caso, así como que casi el 70 por ciento sabe de profesionales que luchan para mantener abierto su despacho.
Del conjunto del estudio, Alandete destacó el elevado porcentaje de ciudadanos que requieren un abogado, consecuencia, dijo, de que la "sociedad es cada vez más reivindicativa y sabe usar los medios que la justicia pone a su alcance". Valoró que los abogados intenten llegar a acuerdos antes que ir a juicio. Rechazó que los fiscales reciban mejor trato y advirtió de un abogado de "estar por encima de estas cuestiones" y "hacer uso de sus armas independientemente de las del fiscal", al tiempo que pidió a los letrados que se comuniquen con los jueces mediante escritos.
El decano del Icav, que defendió la incorporación de la abogacía al régimen general de la Seguridad Social, negó que los letrados contribuyan con sus recursos a la lentitud de la justicia porque "buscan lo mejor para sus clientes". Para evitar la lentitud subrayó que hay que "exigir" a los jueces que "cumplan los plazos para dictar sentencias".
