Publicado 20/09/2022 12:39

El abogado Mata dice que Alquería es una pieza de una causa contra la política democrática y pide absoluciones

El jefe de gabinete de Rodríguez en la corporación provincial, Ricard Gallego (2d) y el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez (1d), durante el juicio Alquería
El jefe de gabinete de Rodríguez en la corporación provincial, Ricard Gallego (2d) y el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez (1d), durante el juicio Alquería - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Manolo Mata, uno de los letrados del caso Alquería y exportavoz del PSPV en Les Corts, ha puesto de manifiesto que el conocido como caso Alquería "es una pieza separada de una causa general contra la política democrática valenciana" y ha reclamado la absolución de los acusados. "Se están cambiando instituciones públicas y deteniendo a personas sin que sepamos muy bien por qué", ha lamentado tras cuestionar el origen del procedimiento Alquería.

Así se ha pronunciado el abogado Manolo Mata, quien representa a uno de los exdirectivos presuntamente 'enchufados' en Divalterra, Víctor Jiménez, durante el turno de cuestiones previas en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia que suma 14 acusados.

Inicialmente el procedimiento sumaba 15 acusados pero ayer mismo, el día que arrancó la vista, el tribunal decidió absolver 'in voice' a uno de ellos tras reclamarlo las acusaciones populares --PP y Acción Cívica--, quienes eran las únicas partes que acusaban al exdirectivo, Pau Pérez.

El letrado Mata ha aprovechado esta decisión para reclamar, en su turno de palabra, que también se absuelva al resto de acusados: "La perplejidad de las defensas es tremenda. Las acusaciones retiraron la acusación a una persona que está en las mismas condiciones que el resto que se halla en el banquillo. ¿Qué hacemos aquí entonces?", se ha preguntado, al tiempo que ha alegado vulneración del derecho de defensa y de la presunción de la inocencia.

Así mismo, el abogado, quien ha insistido en la absolución o en que la causa regrese a instrucción, se ha sumado a sus compañeros de defensa y ha reclamado la expulsión de las acusaciones populares del procedimiento: "Los grupos parlamentarios y municipales no tienen personalidad jurídica según la jurisprudencia", ha dicho, al tiempo que ha aludido a una especie de "poltergeist" en el poder que se arroga la acusación.

Además, ha indicado que nos hallamos ante una "permanente investigación prospectiva" y ha agregado que la causa está contaminada y que la indefensión es "manifiesta".

Por último, ha lamentado que es "intolerable" que se llegue a juicio sin que las defensas tengan la causa íntegra, ya que les falta diferente documentación y, en caso de seguir la vista, ha reclamado que los acusados declaren al final.

EL CASO Y LAS PENAS

Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para Rodríguez.

El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra --que se cerró el pasado mes de junio-- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.

Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.

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