VALENCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Francisco Real, abogó hoy por acercar la administración de Justicia a los ciudadanos ante "el inminente peligro de perder la confianza de las personas que ven vulnerados sus derechos y acuden a los tribunales".
Real realizó estas declaraciones tras la reunión preparatoria del II Congreso de la Abogacía Valenciana, que se celebrará el Castellón el próximo mes de octubre, según informaron hoy fuentes del Icav.
Al respecto, Real explicó que "desde hace unos años" se advierte "una corriente de desconfianza ciudadana" hacia la Justicia española, que se plasmó en el último barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (Cis), que afirmó que el 67 por ciento de los encuestados opina que los tribunales de Justicia funciona mal o regular.
"Y, lo que es peor, un siete de cada diez ciudadanos cree que el funcionamiento de la Justicia o no ha mejorado o incluso ha empeorado en los últimos dos o tres años", añadió.
De hecho, mantuvo que uno de los problemas estructurales de la Justicia española son "los retrasos procesales derivados de la falta de personal e infraestructuras de los diferentes órganos judiciales". "La reivindicación de más medios materiales y humanos para garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos no es una apreciación de la abogacía, sino una situación reivindicada por el 56 por ciento de los españoles, según el barómetro de opinión del CIS", recalcó.
En ese sentido, recordó un estudio interno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) que advertía recientemente de la necesidad de 17 nuevos juzgados y dos secciones para dar una cobertura judicial "racional" a las necesidades de los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia. Petición que el decano de Valencia y presidente del ente autonómico califica de "moderada" ante las carencias resaltadas en el informe.
Real señaló que esta situación provoca "un alto grado de desconfianza" entre la ciudadanía que se refleja, dijo, en los estudios sociológicos y las encuestas de opinión de los diferentes órganos públicos y privados. Así, por ejemplo, el CIS recoge que casi el 85 por ciento de los españoles cree que no se da el mismo trato a todos los ciudadanos a la hora de aplicar las leyes.