Anticorrupción reclama ocho años de prisión para el expresidente de la Diputación y lo sitúa como "jefe" de la organización
VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha abierto un nuevo juicio oral al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus por otra de las piezas del caso Imelsa, la relativa a presuntas irregularidades en el servicio de 'call center'.
Se trata de la pieza D del procedimiento y, en total, hay ocho acusados. Esta resolución se ha dictado una semana después de que el juzgado también abriera juicio oral a Rus y otras 25 personas más por las piezas de los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa.
La nueva resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia de Valencia.
Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, audenominado 'yonki del dinero', le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.
Los otros seis acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el suegro de Benavent, Mariano López, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.
En el auto, la jueza requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.
RUS, "JEFE" DE LA ORGANIZACIÓN
En esta pieza, tal y como desgrana el fiscal en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, Rus organizó Imelsa para sus propios fines y los de sus "compinches", tanto de partido como personales, y nombró a Benavent gerente.
El ministerio público sitúa a Rus como jefe de la organización. En un momento determinado, antes de junio de 2012, el suegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa --Servimun S.L.-- un contrato público de gestión tributaria de servicios.
Así, Benavent mantuvo una reunión con su suegro y otro acusado para poner en funcionamiento la maquinaria administrativa "asegurando la adjudicación fraudulenta del contrato" para que desde Imelsa no se pusiera objeción alguna a la necesidad de contratación, pliego de condiciones y adjudicación de un servicio "ineficaz" para los intereses generales pero "rentable para los investigados".
Desde el inicio se sabía, tal y como recoge el fiscal, que se contaba con la "necesaria aprobación" de Rus, "sin la cual hubiera sido impensable proceder al desarrollo administrativo de la adjudicación". Así, para "sortear" los procedimientos de contratación de la Diputación y el control financiero del interventor, Rus utilizó "de forma torticera" una encomienda de gestión a Imelsa, "siendo la primera de las vulneraciones de la legalidad cometidas para lograr su propósito".
El informe de necesidad de la contratación lo suscribió el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012, amigo personal de Mariano López.
En este proceso, Benavent, "conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación", no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección "como estaba ordenado y convenido por Rus con López".
En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación.
Servimun recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición "totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa", puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.
Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del suegro de Benavent.
Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. El trabajo fue "defectuoso" y "fracasado" desde un principio. "Imelsa se encargó no solo de formar al personal contratado por Servimun, sino de contratar el local, adecuarlo a las necesidades --tanto con medios técnicos como materiales-- de tal forma que la empresa no realizó desembolsó económico ninguno para la ejecución del contrato y se limitó a realizar pagos a los trabajadores que había contratado con el único objetivo de dar una apariencia de ejecución del contrato". Se pagó por trabajos no hechos.
En 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la "farsa" de la contratación, no fue renovada por los informes negativos y la comprobación de la "inutilidad" del servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa. El perjuicio económico a los fondos públicos fue de 870.811,06 euros.
DINERO "RAPIÑADO"
Mariano López creó una empresa, Técnicas Legales Administrativas S.L., para hacerse con el dinero procedente de la contrata "simulando una relación contractual de la empresa con Servimun y poder introducir en el tráfico mercantil el dinero rapiñado, disfrutando del mismo sin que apareciera como titular ni dueño ni administrador de ninguna de las empresas".
La cantidad total que se incorporó al tráfico mercantil, simulando operaciones comerciales a través de la sociedad T.L.A y proveniente de Servimun asciende a un total de 198.835,48 euros, de los que se beneficiaron tanto Mariano López, como las también acusadas Vicenta y María Concepción Torregrosa, "que no solamente aparece como administradora formal de la sociedad, sino que dispone de metálico en su beneficio sabiendo que dicha sociedad carece por completo de actividad comercial alguna que pudiera generar ingresos lícitos".
Junto a esta operativa y antes de la creación de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, Mariano López disfrutó del dinero de la adjudicación nada más firmado el contrato el 7 de junio de 2013 a través de transferencias bancarias de la cuenta de Servimun S.L.
El fiscal concluye su escrito advirtiendo de que para la investigación de los hechos indicados ha sido "determinante y activa" las declaraciones prestadas por el acusado Marcos Benavent, que confesó los hechos ante la Guardia Civil cuando prestaba declaración por otros hechos delictivos, indicando las personas que participaban junto a él.
