Aerte denuncia que Igualdad reduce a una tercera parte las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental

VALNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha denunciado este viernes en un comunicado que la Conselleria de Igualdad ha reducido a una tercera parte las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental, lo que "ya está provocando que no se pueda atender a muchas personas en los recursos que necesitan".

Al respecto, el presidente de la patronal, José María Toro, explica que Igualdad publicó el pasado 12 de agosto el secreto 102/2022 que modifica la anterior norma 62/2017 que regula el acceso a prestaciones de dependencia de la Comunitat Valenciana.

Así, señala que en dicha normativa, se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. De este modo, si hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.350 euros mensuales, "ahora se concederá solamente una tercera parte, 810 como máximo", lo que "impedirá a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos".

Además, indica que para que puedan acceder a la ayuda máxima, como ha venido sucediendo hasta ahora, les exigen que sean atendidos en viviendas asistidas, una tipología "muy escasa" en toda la Comunitat. Por ello, advierte de que "solo permite atender a un número muy limitado de personas".

Al respecto, critica que esta clasificación de viviendas "está adaptada a perfiles de personas con un alto nivel de necesidades y no a la vida más independiente y autónoma de las personas que se han venido atendiendo hasta ahora, lo que resulta contraproducente desde el punto de vista de su rehabilitación".

El resultado, constata, es que personas que tiene que recibir el alta en hospitales y que podrían ser atendidas en viviendas supervisadas, la gran mayoría de las existentes, estén siendo enviadas a sus casas sin poder acceder al servicio de atención que necesitan o que personas que ya viven en esas viviendas, pero no tengan resuelta la prestación de dependencia, vayan a tener que abandonarla porque ya se les aplique el nuevo tope de la ayuda.

"Creemos que esta decisión impide que las personas con problemas de salud mental puedan recibir los servicios que necesitan y está bloqueando el acceso al sistema de atención, lo que nos parece inaceptable", lamenta.

Por todo ello, exige que se sigan resolviendo prestaciones económicas que permitan cubrir el coste total de las plazas en viviendas supervisadas, más adaptadas a las necesidades de estas personas con un mayor nivel de autonomía, y que las viviendas asistidas, con un mayor número de profesionales, sigan atendiendo perfiles con un requerimiento de apoyos más importante.