VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Fernando Alandete, señaló hoy que tras la implantación de los juzgados de ejecutorias los retrasos en la ejecución de las sentencias penales alcanzan casi los dos años, lo que, advirtió, "entraña un riesgo excesivamente alto para los ciudadanos".
Alandete explicó que el retraso en el cumplimiento de las sentencias dictadas lleva a que personas que debían estar ingresadas en prisión gocen de libertad, con "el riesgo evidente para el resto de ciudadanos". "No se trata de alarmar a los ciudadanos, sino de advertir que esta situación puede estallar en cualquier momento", indicó.
En este sentido, recordó que los citados retrasos provocan, además, que no se anoten en el registro central de penados las sentencias condenatorias, con lo que "a una persona condenada que vuelve a delinquir y es juzgada no se le aplica la agravante de reincidencia".
Además, sostuvo que como consecuencia de la "saturación" e "inoperancia" de éstos juzgados, un ciudadano que ha recibido una sentencia favorable y al que se la fijado una indemnización "tarda cerca de dos años en percibirla tras el dictamen". De esta forma, "ni siquiera el ciudadano al que le han dado la razón los tribunales tras un proceso, que puede llegar a durar varios años, cuenta con la satisfacción de percibir su indemnización en un plazo razonable", criticó.
Del mismo modo, para el Decano, resulta "inadmisible" que un ciudadano tenga que esperar casi dos años para recibir una indemnización o que en la ficha de un delincuente no consten todos los procesos en los que se ha visto implicado.
Ante esta situación recalcó que la Administración de Justicia competente debe "asumir su responsabilidad y adoptar medidas urgentes" que eviten que los delincuentes puedan "continuar con sus actividades y atentar contra el patrimonio o la vida de los afectados, como ya ha sucedido", dijo.
Por ello, Alandete subrayó que, tras "constatarse" que la implantación de los Juzgados de Ejecutorias "no ha cumplido las expectativas esperadas", se impone "sin más excusas" que se reintegre a los juzgados de los Penal la competencia para ejecutar las sentencias que ellos mismos dictan.
"Es una incoherencia --añadió-- que las sentencias recaídas en procedimientos penales no sean ejecutadas por el propio Juez que las ha dictado, puesto que el Juez que ha conocido de los hechos, los ha juzgado y los ha condenado es el único que con racionalidad y coherencia esta capacitado de hacer cumplir la sentencia y ejecutarla".
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