VALENCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Fernando Alandete, aseguró hoy en un comunicado que la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso "recibe un trato preferencial del Consell en comparación con otras entidades o ciudadanos", y se mostró "sorprendido de que una entidad de carácter cívico disponga de los servicios legales de la Generalitat Valenciana".
En este sentido, el Decano manifestó que "la acción de gobierno y, por lo tanto, la acción política le corresponde al partido que merece confianza de los ciudadanos. Así, la política del agua le corresponde al Consell, pero resulta lamentable y carente de rigor jurídico el que se pretenda acompañar esa acción de gobierno con un populismo innecesario y con el dinero de todos los ciudadanos".
Alandete realizó estas declaraciones tras la firma de un convenio entre el Ejecutivo Valenciano y la citada entidad, "que establece que el gabinete Jurídico del Consell prestará asistencia jurídica a la Fundación", situación que, según el Decano, "raya en la discriminación respecto de otras entidades cívicas cuanto menos de igual sino mayor relieve".
Del mismo modo, Alandete manifestó que en el ámbito profesional de la Abogacía resulta "amoral financiar trámites con dinero público a determinadas Entidades sin discriminar la capacidad económica de los demandantes".
En este sentido, el Decano del Icav señaló que "el objetivo de la Fundación, según se recoge en su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana tiene por objeto potenciar y favorecer el desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos relativos al agua, así como el impulso cívico e institucional en defensa de una política hídrica adecuada a las necesidades de la Comunidad Valenciana, y en particular de las transferencias hídricas previstas en el Plan Hidrológico Nacional".
TRATO DE FAVOR
Por ello, y alabando la iniciativa social de quienes estén tras esta Fundación, los profesionales de la Abogacía "no entendemos el trato de favor recibido por esta Entidad, salvo que el Consell considere que todas las Fundaciones de carácter cívico cuenten con el mismo servicio y derechos que la citada entidad".
Alandete dijo que "no es la primera ocasión en la que el Ejecutivo Valenciano trata de intervenir en una actividad privada de una manera totalmente arbitraria y fuera de lugar" y, como ejemplo, citó "el intento de vincular a los colegios profesionales de letrados en la defensa del Plan Hidrológico Nacional (PHN) mediante la aportación de una cantidad estimada en 700.000 euros para la defensa del mismo ante los tribunales".
En este sentido, el Decano manifestó que "la negativa de todos los colegios de la Comunidad y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) supuso una dura reprobación pública de los profesionales del sector por parte del entonces ex Conseller de Presidencia y actual Conseller de Cultura, Alejandro Font de Mora, que se resumió en la advertencia del mandatario popular a los colegios profesionales, en la que explícitamente dijo que pagarán moralmente su renuncia".
Alandete indicó que "al parecer, el Gobierno Valenciano no respeta la autonomía y la independencia de los letrados y, por ello, ha buscado fórmulas alejadas de la ética de la competencia y la libertad de ejercicio para alcanzar sus fines".
VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En cualquier caso, el Decano del ICAV señaló que, "manteniendo la postura que defendió el CVCA en aquella ocasión, apoyamos y defendemos el derecho de todos los ciudadanos a defender sus intereses, tanto mediante la libre elección de abogado particular, como por la designación del mismo en el Turno de Oficio, acogiéndose a los beneficios de la Asistencia Jurídica Gratuita cuando carezca de recursos económicos".
No obstante, Alandete afirmó que la Abogacía se opone a "políticas de favor con Entidades con un posible perfil político o partidista", algo que "no significa una crítica a la política o programa del Consell, sino a determinadas acciones que, de no aclararse, pueden suponer una vulneración de los derechos fundamentales".
