CASTELLÓN, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los alcaldes y portavoces socialistas de la provincia de Castellón han acordado concretar un programa de acciones de protesta para reclamar a Alberto Fabra que la Generalitat pague a los ayuntamientos lo que debe, según ha informado el PSPV en un comunicado.
El secretario provincial del PSPV y portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, que estuvo acompañado del vicesecretario Josep Martí y del responsable de Ideas y Programas, Josep Gisbert, convocó este martes una reunión de alcaldes y portavoces de toda la provincia, en la que planteó la necesidad de "articular acciones para reivindicar la deuda con los ayuntamientos porque los vecinos y vecinas tienen que saber que cuando se degradan los servicios públicos o cuando los proveedores tiene problemas para cobrar se debe, en la mayoría de las ocasiones, por la deuda acumulada de la Generalitat del PP".
Para Colomer, ahora la Generalitat "se encuentra prácticamente en quiebra, lo que está provocando el estrangulamiento de los ayuntamientos". Precisamente -ha dicho- la "dramática" situación que están viviendo los ayuntamientos ha llevado a los alcaldes y portavoces socialistas a preparar un calendario de movilizaciones y protestas "para que no seamos los últimos en cobrar".
Han argumentado que "es la única salida que nos queda, porque Alberto Fabra ha demostrado que solo responde cuando se impulsan movilizaciones como encierros, cierres de establecimientos y manifestaciones".
El vicesecretario provincial y alcalde de Sueras, Josep Martí, ha asegurado que los ayuntamientos "están pasando un auténtico drama al tener que decir día tras día a los proveedores que no se pueden pagar las deudas, hasta el punto que, en muchas ocasiones, estamos teniendo problemas hasta para pagar las nóminas de los trabajadores".
Por su parte, el presidente del PSPV de la provincia y alcalde de Vilafranca, Oscar Tena, ha advertido de las "graves" consecuencias que tendrá el decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy "porque beneficia al acreedor que perdona parte de la deuda, lo que supone un agravio para pequeños proveedores que apenas tienen margen de beneficio a los que, encima de pagarles tarde, se les va a pagar menos".
También se ha criticado el hecho de que el decreto "obliga" a los ayuntamientos a asumir unos requisitos "muy complicados" de cumplir por los pequeños municipios, "que apenas tienen margen de maniobra".
Así mismo, los socialistas consideran que el decreto "no da una solución clara, ya que no supone ninguna presión sobre las administraciones autonómicas, la Generalitat Valenciana en nuestro caso, que son las que han generado la mayor parte de la deuda que tienen los ayuntamientos".
