ALICANTE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó hoy el proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento en superficie con limitación horaria, conocida como la ORA, por el que se prevé la reserva para conductores discapacitados, así como la relación de calles afectadas por la ordenanza.
Esta ordenanza ha sido modificada ya en dos ocasiones, una de ellas después de que el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos la recurriera y los tribunales le dieran la razón. Sin embargo, tras las primeras rectificaciones, el sindicato consideró que no habían sido realizadas correctamente y anunció una interposición del recurso, entre otros motivos, porque faltaba la relación de calles afectadas por la ordenanza.
Tras la junta local, el portavoz del equipo municipal de Gobierno, Pedro Romero, explicó que en el proyecto de ejecución ha quedado incluida la relación de calles, así como la reserva de plazas para conductores discapacitados, que dispondrán de una de cada cincuenta plazas en las zonas azules y verdes, concretamente junto de las máquinas expendedoras.
Así, indicó que de las 2.075 plazas sujetas a la ORA, de las cuales 1.806 son en zona azul y 269 en zona verde, un total de 41 se destinarán a aquellos conductores que estén acreditados con la Tarjeta de Estacionamiento para Discapacitados.
Las plazas reservadas estarán junto a las máquinas expendedoras y en los casos en los que sean ocupadas por vehículos conducidos por personas que carezcan de la acreditación necesaria serán sancionados. Además, la acreditación tendrá que estar en lugar visible, ya que de lo contrario los agentes también aplicarán una sanción.
Así mismo, el proyecto contiene la relación de plazas de estacionamiento regulado por calles y plano explicativo del ámbito de aplicación, alcance y contenido del Servicio de Estacionamiento Regulado en Superficie.
Por otro lado, Pedro Romero estimó que en noviembre o diciembre se celebrará el pleno de las conclusiones de la comisión de investigación de Mercalicante, celebrada en octubre de 2002 para esclarecer posibles responsabilidades políticas por el agujero financiero de la empresa mixta Mercalicante. Tras la comisión, el Grupo Socialista pidió que se expusieran las conclusiones de cada grupo en un pleno extraordinario.
Al negarse a celebrarlo, el PSPV inició un proceso judicial, que culminó en mayo de 2004, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) emitió una sentencia en la que ordenaba convocar el pleno. Sin embargo, el Ayuntamiento elevó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ha fallado en el mismo sentido, por lo que el pleno deberá ser convocado.
Después de esta última sentencia, el equipo de Gobierno decidió no recurrir de nuevo la sentencia, por lo que tiene un plazo de dos meses para convocar y celebrar el pleno desde que el auto le es notificado.
Romero indicó que ya ha sido notificado el fallo, aunque no el auto, que prevén que llegue durante el mes de septiembre, por lo que la sesión extraordinaria podría celebrarse dentro de los dos meses posteriores a su notificación.