Alicante.- CCOO denuncia la "nula voluntad" de algunos ayuntamientos a conocer y ampliar los procesos de arraigo social

ALICANTE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del CITMI CITE de CCOO en Elx (Alicante), Jamal Chaibi, denunció hoy "la nula voluntad de algunos ayuntamientos a conocer y ampliar los procesos de arraigo social", lo que "provoca una sobrecarga de trabajo para la Oficina de Extranjería y un incremento de costes para el solicitante, en tiempo y en dinero", según un comunicado hecho público hoy por CCOO.

El representante del CITMI CITE valoró la disposición de la subdelegación del Gobierno en Alicante y de la Oficina de Extranjería, a informar y orientar administrativamente a cualquier ayuntamiento y a sus servicios sociales, sobre el procedimiento de actuación y el mecanismo de expedición de los informes.

No obstante, destacó que esta disposición de colaboración "choca con la nula voluntad de algunos ayuntamientos a conocer y ampliar los procesos de arraigo social", lo que "provoca una sobrecarga de trabajo para la Oficina de Extranjería y un incrementos de costes para el solicitante, en tiempo y en dinero".

Por ello, consideró necesaria una "mayor colaboración" de la administración en la tramitación de los procesos de arraigo social, dado que en la actualidad, según denunció, "se producen casos en las administraciones local y general del Estado en el que se interpretan restrictivamente las condiciones de regularización por arraigo social".

Jamal Chaibi recordó que la actual norma de extranjería exige que, para tramitar solicitud de autorización de residencia y trabajo por arraigo social, debe aportarse un contrato de trabajo cuya duración sea de un año como mínimo.

En este sentido, subrayó que en zonas con alto grado de temporalidad en sus sectores, como es el caso de Elx, el propio convenio de la Industrias del Calzado "fija como tope máximo de duración de los contratos eventuales 7 meses, lo que impide ajustarse a la duración mínima que exige la administración", según indicaron las mismas fuentes.

El portavoz del CITMI CITE señaló además que en este mismo caso se encuentran los contratos por obra y servicio determinado, "cuya duración es incierta en el tiempo, y en los que no se específica la duración mínima del mismo, por lo que también son rechazados como elemento de prueba para obtener el arraigo social".

Jamal Chaibi insistió en que la responsabilidad también recae sobre las administraciones locales, cuyos servicios sociales pueden realizar un informe de integración social, pero "la mayoría de los municipios se niegan a entregar copia del mismo a los interesados", lo que provoca una incertidumbre sobre la orientación final del informe.

Esta situación, según resaltó, hace que el solicitante "desconozca la viabilidad de iniciar el proceso ya que no sabe si los servicios sociales harán una evaluación negativa o positiva sobre su situación". Por su parte, "la mayoría de los ayuntamientos se escudan en que desconocen cualquier tipo de instrucción o texto legal que les obligue a realizar este procedimiento".

Jamal Chaibi sin embargo se refirió a la instrucción del 22 de junio del año pasado emitida a través la Dirección General de Inmigración, que estipula el mecanismo para desarrollar los informes de integración social que han de realizar los ayuntamientos, en la que se deja "bien claro que se ha de adjuntar copia al interesado".

En esta misma instrucción se contempla que los informes de los servicios sociales pueden eximir a los interesados de adjuntar los contratos de trabajo, "siempre que acrediten que cuenta con medios económicos suficientes, elemento que la mayoría de los ayuntamientos se niegan a admitir".