ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular de la Diputación de Alicante presentará en el próximo pleno de la corporación una moción en la que insta al Gobierno a prohibir regularizaciones masivas de inmigrantes y pide más recursos para atenderlos, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la institución provincial alicantina.
En la moción, presentada hoy por el portavoz del PP, César Augusto Asencio, los populares critican la política migratoria del Gobierno de la Nación, que "con su efecto llamada ha favorecido la llegada masiva de inmigrantes ilegales" y solicita la adopción de una serie de medidas encaminadas a conseguir "una inmigración legal y ordenada que contribuya al desarrollo económico y social de nuestro país".
En la moción, se insta al Gobierno a reformar la Ley y el Reglamento de Extranjería, "creando y fomentando un clima de seguridad jurídica, donde no quepa concesión de permiso alguno fuera de los cauces establecidos por la Ley, con prohibición expresa de regularizaciones masivas que produzcan el efecto llamada".
En este sentido, recordó que "este Gobierno, con su efecto llamada, criticado abiertamente por la UE, ha favorecido la llegada masiva de inmigrantes creando un problema humanitario, administrativo, económico y también delictivo, al fomentar el control de las mafias sobre esas personas".
Así, añadió que el "resultado de todos esos despropósitos ha sido que en sólo dos años de gobierno del PSOE haya 1.600.000 inmigrantes ilegales más, más del doble que en 8 años de gobierno del PP, y que en la Comunidad Valenciana se estima que hay 200.000 ilegales".
"EFECTO PERVERSO"
Los populares sostienen que la inmigración es necesaria para España, pero consideraron que la "inmigración ilegal sin control y sin poder atender las posibilidades reales de acogida está creando un efecto perverso", ya que "ni los ayuntamientos ni las Comunidades autónomas cuentan con los recursos económicos y de gestión suficientes para atender las necesidades de estos colectivos".
Además, Asencio acusó de "sectario" al Gobierno central a la hora de distribuir los recursos o de asignar las cargas en esta materia a las Comunidades Autónomas. A este respecto, aseguró que el Gobierno "discrimina a la Comunitat Valenciana, a la que sólo asigna 37 euros por persona inmigrante, mientras que a Extremadura le concede 90 euros, 74 a Andalucía o 67 a Castilla la Mancha".
Sin embargo, el portavoz popular cifró en "850 millones de euros anuales la cantidad que la Comunitat Valenciana destina al fenómeno migratorio, pues es la tercera comunidad con más inmigrantes de España y percibirá en 2006 del Gobierno de la Nación sólo 22,5 millones de euros, con una población a 1 de enero de 2005 de 589.000 extranjeros censados".
Ante esta situación, el Grupo Popular en la Diputación exigió al Gobierno que prohíba "las regularizaciones masivas", que ejerza "un mayor control de las fronteras" y que despliegue "el sistema de vigilancia SIVE en las Islas Canarias antes de 2008". También le emplazó a "incrementar y ampliar los convenios bilaterales con los países de origen de los inmigrantes y a hacer efectiva la repatriación de los que no cumplan los requisitos legales".
"COORDINACION"
También pidió la creación de un órgano en cada Comunidad Autónoma de coordinación administrativa de la inmigración, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales construya una red estatal de centros de acogida y que el Gobierno transfiera a las administraciones locales y autonómicas los recursos económicos necesarios para atender debidamente a los inmigrantes por medio de un Decreto-Ley que contenga financiación estable y suficiente.
Del mismo modo, insistió en "la necesidad se realizar el empadronamiento de extranjero siguiendo el modelo europeo, en el que sin afectar a los derechos de ayuda a las personas, se exige la condición de residencia legal para poder empadronar".
Finalmente, la moción también solicita al Gobierno que "determine un contingente anual por Comunidades Autónomas, atendiendo a los municipios más implicados, y una mayor colaboración por parte de las delegaciones de Gobierno con los ayuntamientos para garantizar la seguridad de todos".
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