Alicante.- El Pleno desestima con los votos del PP la creación de una comisión de investigación sobre los aparcamientos

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante desestimó hoy, con los votos mayoritarios del PP, la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación y explotación de tres aparcamientos subterráneos a la empresa Ortiz e Hijos, que está siendo investigada judicialmente después de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante pidió por registro municipal el pasado 27 de septiembre la celebración de un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación sobre la adjudicación de tres aparcamientos en las calles Catedrático Soler, Hermanos López Osaba y Padre Esplá.

Este asunto está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 8 de Alicante, que acordó abrir diligencias previas en relación con la denuncia de presuntas irregularidades en la adjudicación de aparcamientos públicos presentada por la Fiscalía, en la que se encuentran imputados el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, los concejales de Urbanismo y Tráfico, Sonia Castedo y Luis Concepción, así como un técnico municipal y un representante de la empresa.

Durante el pleno extraordinario de hoy, en el que había límite de tiempo en la intervención y que ha durado aproximadamente media hora, el alcalde reiteró que "elecciones son igual a denuncia en los juzgados" y lo justificó en que "ya hay antecedentes", como en el pasado mandato con la denuncia de Mercalicante.

A su juicio, "eso es lo que ocurre ahora" y es "una repetición de la misma jugada", con la petición de una comisión de investigación que, en el caso de Mercalicante, "consiguió durante tres meses ese tema se mantuviera vivo y se difamara al equipo de Gobierno". Así, descartó volver a "caer en ese juego esta vez, porque ese juego tiene claramente un interés partidista".

En su intervención, Díaz Alperi indicó que algunos de los retrasos que se han producido en la construcción de los aparcamientos fueron demandados porque el Ayuntamiento de Alicante así "lo pidió", con el fin de que varias obras que "podían coincidir" crearan "un tremendo problema".

Además, según dijo, la construcción de los aparcamientos "coincidió con el hundimiento del Carmel", lo que causó "preocupación entre los vecinos por que se hiciera una excavación". Por ello, indicó que se hicieron "mejoras" en las técnicas de construcción, que también conllevaron retraso, y el posterior aumento del tiempo de explotación de los aparcamientos.

También resaltó que el cambio de la dirección de este asunto del área de Urbanismo a la de Tráfico vino motivada, entre otros asuntos, por la "saturación de trabajo" de la Gerencia, al tiempo que subrayó que el canon no fue modificado, como pedía la empresa.

"PANTOMIMA"

En esta línea, calificó como "pantomima" la celebración del pleno, así como la petición de la comisión. Para Díaz Alperi, es en "los juzgados donde se va a determinar la realidad de los hechos" y "los ciudadanos se van a enterar de todo por que todas las actuaciones de juzgado se terminan haciendo públicas, por lo que no es ocultar información" negarse a crear la comisión.

Finalmente, el alcalde también reprochó a los socialistas que "no hayan hecho nada antes" y después "a ocho meses de unas elecciones" comienzan a pedir explicaciones.

De igual modo, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, argumentó que estos hechos "están en el juzgado" y rechazó crear "juicios paralelos", al margen de los tribunales, porque, en su opinión, esto iría en "la línea de vulnerar nuestros derechos". A su modo de ver, "son los tribunales de justicia los que han de decir si huno delito o no, será un juez quien lo determine".

La concejal esgrimió que los socialistas "no impugnaron la adjudicación en ningún momento del proceso" y ahora hacen "un paripé de cara a los medios de comunicación" para sacar "un rédito político a costa de lo que sea y de quien sea".

"VERDAD"

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV-PSOE, Domingo Martín, no descartó que su grupo se persone en la causa judicial abierta, tras el rechazo a la creación de la comisión de investigación por parte del PP, al tiempo que advirtió de que "no van a poder impedir que los socialistas informen" sobre lo ocurrido para esclarecer "la verdad de por qué no se han tomado las medidas oportunas y ha habido una dejación patente de responsabilidad política".

Martín defendió así el "derecho de los ciudadanos a que sepan la verdad" y enumeró los delitos presuntamente cometidos, las personas imputadas en la causa, así como "el desfase del precio de las obras de casi tres millones de euros", lo que hacen "patente la necesidad de la comisión de investigación".

Así, el edil se reafirmó en que hay "incumplimientos de contratos constantes y flagrantes" que no han ido acompañados de sanciones, de forma que "parece que la empresa hace lo que le viene en gana" y que "quien parece marcar sus propios tiempos es el adjudicatario".

"CAMBALACHE"

Finalmente, la portavoz de EU-L'Entesa, Susana Sánchez, se "felicitó" de que el grupo socialista "asuma iniciativas que EU ha hecho públicas", en referencia a la petición que realizó su grupo en primer lugar de un pleno monográfico y una comisión de investigación, que no pudo pedir por una cuestión de reglamento, que requiere la firma de siete concejales para solicitar una sesión extraordinaria del pleno.

Además, Sánchez consideró que se "incumplen los principios de igualdad que han de regir la contratación pública" y que más allá de las responsabilidades judiciales también hay responsabilidades políticas". Desde su punto de vista, "las jurídicas las decidirán los tribunales y las políticas la comisión de investigación".

La concejal calificó esta situación como un "cambalache" y, en referencia a la letra del tango, citó "siglo veinte, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil".