ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel de Barros, exigió hoy al alcalde, Luis Díaz Alperi, que "deje de perder el tiempo" y que responda con "claridad y rotundidad" sobre la aplicación de la ordenanza de la ORA, sobre la convocatoria de un pleno para exponer las conclusiones sobre Mercalicante y los "posibles delitos puestos encima de la mesa" por la Fiscalía Anticorrupción.
El Grupo Municipal Socialista comenzó así el "curso político", en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el portavoz, el portavoz adjunto, Domingo Martín, y la edil Antonia Graells, quienes analizaron la sentencia del Tribunal Supremo sobre la convocatoria de un pleno respecto a las conclusiones de la comisión de investigación de Mercalicante, sobre la modificación de la ordenanza de la ORA, así como por los "cinco posibles delitos" formulados ante el juez por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
A este respecto, Manuel de Baros indicó que el alcalde "ha estado mucho tiempo callado" desde que la Fiscalía Anticorrupción interpuso una denuncia contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por cometer supuestos delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al empresario Enrique Ortiz.
De este modo, exigió al primer edil que "explique a los ciudadanos" estos "cinco delitos puestos encima de la mesa" y que "aclare cuál es la situación" sobre estos tres temas "muy importantes para la ciudad de Alicante".
En primer lugar, Antonia Graells recordó que en octubre de 2002 se celebró una comisión de investigación por el agujero financiero de la empresa mixta Mercalicante, a petición del Grupo Socialista, que también pidió que se expusieran las conclusiones de cada grupo en un pleno extraordinario.
Al negarse a celebrarlo, según añadió, el PSPV inició un proceso judicial, que culminó en mayo de 2004, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) emitió una sentencia, en la que "claramente obligaba" al alcalde a convocar el pleno. Sin embargo, el Ayuntamiento elevó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ha fallado en el mismo sentido y que "declara inadmisible" el recurso y condena a pagar las costas.
ORDENANZA DE LA ORA
Por su parte, Domingo Martín se refirió a la modificación de la ordenanza de la ORA, a la que tuvieron que realizarle una serie de modificaciones para que fuera conforme a ley. Sin embargo, señaló que desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos entiende que "no lo ha hecho y el PSPV también".
En este sentido, el sindicato presentará un recurso, "entendiendo que efectivamente no se ha rectificado lo que la sentencia decía". De este modo, Martín apuntó que "al igual que en la anterior ocasión los apoyamos --al sindicato-- pero no vamos a judicializar la vida política".
A su modo de ver, "están más preocupados por otras cuestiones" que por solucionar la "dejación de funciones que ha conllevado perjuicios económicos" por la paralización de la recaudación durante cinco meses y que puede llevar a que la ordenanza tenga que rectificarse de nuevo.
Andalucía
