Alperi acusa al PSOE de "utilizar la justicia en beneficio propio" y a Pumpido de estar a "las órdenes del Gobierno"

ALICANTE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, acusó hoy al PSOE de "utilizar la justicia en beneficio propio" y consideró "una vergüenza y antidemocrática" la acción del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que "está a las órdenes del Gobierno", en relación con la decisión de que fuera la Fiscalía Anticorrupción la que investigara la causa de Mercalicante, en la que se encuentra imputado, dijo.

Luis Díaz Alperi realizó estas manifestaciones en el transcurso de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante para debatir las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre el desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante.

Esta sesión ha sido convocada después de que el Tribunal Supremo dictara un auto que obligaba a celebrarlo, ratificando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que aceptó un recurso presentado por el entonces portavoz del grupo municipal socialista, Blas Bernal, contra la negativa a celebrar la sesión plenaria.

Durante su intervención, Díaz Alperi dijo que los socialistas "faltan a la verdad y la manipulan", al tiempo que resaltó que ante la denuncia de los socialistas "el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante dice que es una denuncia partidista y que Clavero --ex gerente de la empresa-- es el único culpable".

Sin embargo, manifestó el alcalde, "como a ustedes no les gusta, piden que eso se vaya al fiscal Anticorrupción y, efectivamente el fiscal general del Estado, a las órdenes del Gobierno socialista dice que pase al fiscal Anticorrupción". En este sentido, apuntó que los socialistas "utilizan la justicia en beneficio propio" y señaló que "eso sí que es una vergüenza y antidemocrático".

Asimismo, rechazó que se ocultara información sobre la comisión porque las sesiones fueron públicas y abiertas a los medios de comunicación, por lo que fue "todo grabado y transmitido en directo", resaltó. De este modo, según argumentó, "todo el que quiso seguir la comisión no podía tener más conocimiento" de lo que allí se trataba.

Además, el alcalde incidió en que la investigación de la actuación del ex gerente de la empresa, Emilio Clavero, fue ordenada por él en el momento en el que "creo que algo no me huele bien" y de acuerdo con Mercasa, que pidieron a la empresa Price Waterhouse Cooper una auditoría.

En este sentido, una vez tuvo "el borrador de esa investigación, que ni siquiera está firmado", dijo, convocó una reunión del Consejo de Administración de Mercalicante, al que fue invitado el entonces portavoz socialista, José Antonio Pina, a que asistiera. En esa reunión, según indicó, se estudió "muy a fondo el borrador".

"Quien despidió a Clavero fui yo", según destacó Díaz Alperi, quien aseguró que en cuanto tuvo el informe firmado se remitió al fiscal. "Si nosotros no hubiéramos investigado y encargado una auditoria de gestión, no se hubiera descubierto a Clavero", apostilló. Desde su punto de vista, "el señor Clavero, que fue elegido entre 300 aspirantes" y al que "no había visto nunca" antes, como era "muy listo, urdió una trama de falsificaciones", sostuvo el primer edil.

INTERVENCIONES

De igual modo, durante el pleno intervinieron el concejal de Comercio, Juan Zaragoza, y los portavoces de los grupos del PSPV-PSOE, Manuel de Barros, y de EU-L'Entesa, Susana Sánchez. Sin embargo, quedó desestimada la petición de Vecinos por Alicante de que una representante vecinal interviniera en la sesión porque, según el alcalde, "en absoluto tienen derecho a ello", tal y como acordaron "todos los grupos municipales".

El portavoz socialista acusó a los populares y al alcalde, en concreto, de intentar "hurtar el debate" a la opinión pública y recordó "bien alto y bien claro" que la sesión se celebraba por iniciativa de los socialistas.

Así, Manuel de Barros situó al alcalde como "principal actor de este drama", en el que los populares, según dijo, "intentan culpar de todo" al ex gerente de la empresa mixta. Sin embargo, a su juicio, la creación de una Comisión Ejecutiva en la mercantil "a su estilo, con personas de su confianza, vació completamente las funciones del consejo".

Este organismo, aseguró, tomó decisiones "a espaldas" de los consejeros, todos ellos representantes de los grupos políticos, y conocía "durante ocho meses antes" de la destitución de Clavero "la situación crítica".

Por su parte, Susana Sánchez manifestó que "lo que debe ser una excepción se convierte en el Ayuntamiento de Alicante en una norma", ya que el pleno se ha celebrado porque judicialmente ha sido obligado, de modo, que la sesión "se queda en un mero trámite de obligado cumplimiento".

La edil expuso las conclusiones a las que EU llegó en la comisión, con la ex edil Camino Remiro, que consideró que quedaba probado que el ex gerente "no pudo crear el quebranto" por sí mismo y que había quien tenía "la información y posibilidad para actuar, y actuaron", en relación con los miembros de la Comisión Ejecutiva.

Finalmente, tanto EU como PSPV-PSOE pidieron la dimisión del alcalde y del concejal Juan Zaragoza, como miembros de la comisión ejecutiva en el momento en el que se produjeron los hechos.

HECHOS

El despido de Emilio Clavero se produjo a finales de julio de 2002, después de que un informe de auditoría revelara un agujero económico en la empresa de unos 5,5 millones de euros. Tras estos acontecimientos, tres meses más tarde, el grupo municipal socialista pidió la creación de una comisión municipal que investigara los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

La investigación se desarrolló durante tres meses, en los que hubo debates y comparecencias de personas relacionadas con los hechos, entre ellas, la del propio alcalde. Al finalizar, cada uno de los grupos municipales presentó su escrito de conclusiones, en concreto fueron tres, el del PP, el del Grupo Mixto y el de PSPV y EU, que lo presentaron de forma conjunta.

Al ser aprobado el documento del PP, los socialistas demandaron que sus conclusiones fueran expuestas en un pleno extraordinario, que fue denegado por el alcalde, hasta hoy.