AMPA y equipos directivos registran una ILP en Les Corts para regular por ley la climatización de los centros educativos

   VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un grupo de representantes de la comunidad educativa, formado por asociaciones de madres y padres y equipos directivos, han registrado este miércoles en Les Corts una iniciativa legislativa popular (ILP) para regular por ley la climatización de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de que los alumnos y trabajadores no sufran los efectos de las altas y bajas temperaturas.

   Se trata de un proyecto de plan "integral y obligatorio" para garantizar el confort térmico en los centros educativos públicos, que requerirá de un mínimo de 10.000 firmas para iniciar su trámite. Cuenta con el apoyo de la Confederación Gonzalo Anaya --integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante-- y las Asociaciones de Direcciones de Primaria y Secundaria (ADEP-PV y ADIES-PV).

    "El cambio climático cada vez nos deja situaciones más extremas, tanto de frío como de calor, que las sufren nuestros alumnos y el profesorado durante algunas semanas que en muchos centros no son capaces de soportar", ha explicado el portavoz del grupo impulsor de la ILP, Ruben Pacheco, tras registrar la propuesta junto a Josep Lluís Peris, representante de ADIES-PV, y las promotoras de la propuesta Elisabet Martínez, Teresa Juan-Mompó y Denisse Ayala.

   Pacheco, también presidente de la Gonzalo Anaya, ha subrayado que "es una iniciativa absolutamente transversal. "¿Quién puede estar en contra de que un centro educativo esté climatizado?", se ha preguntado, para advertir que "las escuelas y los institutos son los únicos edificios públicos que no están climatizados de entrada".

    Además, ha señalado que esta ILP es todavía más necesaria para los centros que fueron reconstruidos tras la dana del 29 de octubre de 2024, ya que algunos siguen en barracones y "teóricamente tienen climatización, pero no funciona", y alcanzaron temperaturas "de entre 37 y 46 grados".

    Otras de sus críticas es que la Conselleria de Educación ha realizado, durante "tres administraciones diferentes", tres anuncios de impulsar estudios para iniciar una climatización en las aulas, sin que por el momento se hayan llevado a cabo.

CALOR EXTREMO

    En concreto, se insta a Les Corts a aprobar una norma que dé solución a las denuncias existentes por el aumento del calor extremo derivado del cambio climático, que afecta gravemente a muchos centros educativos públicos, y por las condiciones ambientales inadecuadas durante el invierno (mala climatización y falta de aislamiento y ventilación). Esto ocurre, según el grupo promotor, tanto en edificios escolares antiguos como en algunos de nueva construcción con problemas de mantenimiento.

   Según advierten, esta situación tiene un impacto directo en la salud, el bienestar y el rendimiento académico del alumnado, así como en las condiciones laborales del personal docente y no docente. Además, denuncian, repercute directamente en la calidad de la enseñanza y en el derecho a una educación en condiciones dignas, y se generan desigualdades territoriales y entre centros porque las actuaciones realizadas hasta ahora "han sido parciales e insuficientes".

   Todo ello cuando recuerdan que existe una obligación legal de garantizar el confort térmico, según la normativa estatal de prevención de riesgos laborales (Real Decreto 486/1997) y las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los impulsores de la ILP también subrayan que se trata de una cuestión de protección de los derechos de la infancia, incluido el derecho a un entorno educativo seguro, saludable y digno, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño.

    Por todo ello, exigen una ley que asegure un marco legal estable y planificado, con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, uso de energías renovables, mantenimiento adecuado, participación de la comunidad educativa y transparencia y equidad territorial.

   Una vez registrada, la propuesta debe ser avalada por la Junta Electoral. Si se admite a trámite, habrá un plazo de ocho meses para recoger un mínimo de 10.000 apoyos. El grupo impulsor ha presentado la ILP a la mayoría de los cuatro grupos parlamentarios y confía en superar las firmas necesarias. Esta iniciativa se hará llegar a las AMPA y a las directivas de todos los centros educativos integrados en la Gonzalo Anaya, así como a todas las entidades que quieran mostrar su apoyo.