VALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP exigirá "en los próximos días" al ministro de Economía, Pedro Solbes, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que el Gobierno explique "con luz y taquígrafos" las "concesiones" financieras y los "elementos de blindaje y bilateralidad" vinculados a la negociación del Estatut de Catalunya.
Así lo anunció hoy en Valencia el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, en rueda de prensa acompañado por el conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat, Gerardo Camps, la secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa, y el vicesecretario regional del partido, Ricardo Costa, tras mantener una reunión con diputados autonómicos en las Cortes Valencianas y realizar una ronda de contactos con los responsables económicos de las comunidades gobernadas por el PP.
Arias Cañete ratificó el "asombro del PP ante una negociación absolutamente opaca y falta de transparencia" y que, a su juicio, "rompe el consenso constitucional", al tiempo que recalcó que se ha realizado "de tapadillo, con nocturnidad y entre el presidente del Gobierno y un simple parlamentario autonómico" de la oposición.
El ex ministro de Agricultura defendió que el sistema de financiación de las comunidades autónomas se debe "articular con carácter multilateral y en pie de igualdad" entre todas las comunidades autónomas y, para ello, instó a "reconducir el debate al seno del CPFF". Dijo que en estos momentos "está en juego la cohesión económica y social en España" por un modelo de Estatuto de Autonomía que, dijo, "quiere imponerse a las demás comunidades".
Por ello, justificó la petición de los populares de una convocatoria urgente de una "sesión monográfica" del Consejo para que el Gobierno explique "cuáles son las concesiones que se han hecho a Catalunya, los elementos de blindaje y de bilateralidad que se han introducido" y que justifique cómo se "cuadra" todo ello "con un sistema que tiene que ser multilateral y garantizar la igualdad a todos los territorios y la solidaridad".
Señaló que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "o desconoce, o se ha olvidado o ha vulnerado" el artículo 138 de la Constitución Española, que garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, al llegar a un acuerdo que calificó de "clandestino" y que supone, dijo, "blindajes y articulaciones de bilateralidad que rompen la igualdad entre las comunidades autónomas".
Arias Cañete criticó, además, que esta situación se plantee en un momento en el que el Gobierno español "está perdiendo fondos en la Unión Europea", que cifró en 42.000 millones de euros, y denunció que, cuando las comunidades dejan de ingresar 31.700 millones, se garantice para Catalunya una inversión pública para el período 2007-2013, que coincide con el establecido en las perspectivas financieras europeas y por el mismo importe que el fondo de cohesión. Afirmó que daba la impresión de que el Gobierno estaba utilizando los fondos de cohesión "para atender necesidades de una sola comunidad autónoma y no todas las necesidades de las comunidades que abandonan el Objetivo 1".
También indicó que con el actual acuerdo, Cataluña "va a tener recursos excedentarios" y el problema, dijo, "es si esos recursos van a financiar la solidaridad con las comunidades menos desarrolladas o si van a existir blindajes que van a hacer que esos recursos queden en el territorio catalán creando una sobrefinanciación", por lo que defendió que no se trata de un "debate de porcentajes" sobre cesión de impuestos "sino de cómo se garantiza la solidaridad".
Señaló que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha "impulsado un Estatuto que vulnera" la carta magna, "es el único responsable de este desaguisado", al tiempo que manifestó que es "sumamente preocupante que estemos localizando la inversión pública en territorios con garantías permanentes hasta el año 2013 y que pueden tener menos necesidades" y señaló que supone un "sistema absolutamente de mercadeo".
Por su parte, Gerardo Camps afirmó que del nuevo modelo no tienen "constancia el resto de comunidades, al menos las gobernadas por el PP", aseveró, lo que consideró "un desprecio a todas ellas", y dijo que coloca "en una situación claramente privilegiada" a Catalunya al "garantizarle una inversión mínima durante siete años que el resto de autonomías no tenemos garantizada".
Criticó que necesidades que anteriormente "sólo iban ligadas al incremento de población y prestaciones sociales se convierten en blindajes de inversiones" para Catalunya, que, de esta manera, dijo, "se coloca en situación de privilegio sobre otros territorios". "Si todas las comunidades autónomas tuviéramos garantizado el nivel de inversión pública estatal proporcional a nuestro peso en el PIB se habría acabado la solidaridad entre comunidades autónomas", añadió.
COMUNIDAD VALENCIANA
Sobre la situación de la Comunidad Valenciana, Arias Cañete precisó que cuenta con una estructura en el modelo de financiación muy similar a la de Catalunya, por lo que si "se aplican las mismas condiciones, deberían tener una evolución de ingresos paralela, con la diferencia de que Cataluña está estableciendo una serie de blindajes para limitar la aportación al fondo de suficiencia", precisó.
También señaló que la Comunidad Valenciana va a sufrir una pérdida neta de 4.216 millones de fondos estructurales europeos, cifra "muy superior al blindaje de inversión pública que Catalunya ha conseguido en la negociación".
Por otra parte, sobre la utilidad de la llamada 'claúsula Camps', el conseller de Economía especificó que se trata de "un pacto de blindaje de inversión en una comunidad autónoma y no el modelo de financiación que se pacta en el propio Estatuto", por lo que ahí, dijo, "no juega la cláusula Camps; no estamos hablando de igualdad entre estatutos de autonomía".
Asimismo, indicó que la Comunidad Valenciana no debe tener "un modelo de financiación distinto ni menor al de cualquier otra comunidad autónoma española". Al respecto, Arias Cañete añadió que la cláusula Camps "apunta en el sentido de que no puede haber privilengios de financiación en favor de una comunidad autónoma, vulnerando la Constitución Española y perjudicando al resto".
