La APM cree que López Coig podría haber incurrido en "una falta grave" por sus críticas a la jueza de Dénia

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura consideró hoy que el teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos López Coig, podría haber incurrido en "una falta grave de consideración" con la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Dénia (Alicante), Laura Alabau, al tiempo que pidió que la falta sea "depurada y, en su caso, sancionada" por "el crédito de la Fiscalía y en bien de todos"

Tras la aparición en medios de comunicación de la Comunidad Valenciana de informaciones que apuntaban a una posible paralización de expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo, realizada por esta magistrada, la Asociación Profesional de la Magistratura destacó en un comunicado "la gravedad de la información, que pone en tela de juicio la probidad y crédito profesional de la magistrada".

En este sentido, se refirió a las declaraciones realizadas por López Coig a este respecto y lo calificó como "una desmesura incompatible con la responsabilidad y prudencia que cabe esperar de quienes desempeñan tan relevante y digno cargo".

Además, según el criterio de esta asociación, "se desprende, cuando menos, la posible existencia de una falta grave de consideración respecto de la Magistrado titular del Juzgado número 3 de Dénia, que conviene por el crédito de la Fiscalía y en bien de todos, sea depurada y, en su caso, sancionada".

Para la asociación, "imputaciones de tanta gravedad no pueden realizarse sin pruebas categóricas y concluyentes que es de esperar pueda esgrimir y dar a conocer el teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante, y ello, si es del caso, en el seno del correspondiente procedimiento, del que, como bien debería de saber, no cabe prescindir en ningún caso, apresurándose a dictar, y sin que le corresponda, sentencia condenatoria".

Del mismo modo, según añade, los jueces encargados del Registro Civil "son, ante todo y por encima de todo, jueces, lo que significa que encarnan un poder del Estado independiente y sometido en exclusiva al imperio de la Ley, en cuya interpretación y aplicación no cabe subordinarles a las directrices impartidas o emanadas del poder ejecutivo o de los órganos administrativos sin detrimento y grave quiebra de principios básicos en un Estado democrático y de Derecho".

Así mismo, considera que "resulta extraordinariamente sorprendente que quien está constitucionalmente obligado a defender la independencia de los jueces y, por su estatuto orgánico, a velar por el respeto de las instituciones constitucionales, no tenga el menor recato a la hora de hacer públicas determinadas afirmaciones que, además de no ajustarse a la realidad, tan sólo contribuyen al descrédito y deslegitimación del Poder Judicial ante la opinión pública y ciudadanía en general".