CASTELLÓ, 7 Ene. (EUROPA PRESS) - -
El secretario autonomico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal; y el que fuera asesor de Compromís Miquel Torres serán juzgados por parte de un jurado popular a partir del próximo martes en la Audiencia Provincial de Castellón, acusados de un delito de malversación por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.
El juicio se celebrará durante los días 11, 12, 13 y 14 de enero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La Fiscalía solicita la absolución de los tres acusados al entender que no tuvieron conocimiento de ese envío y que este se realizó "por persona o personas desconocidas".
En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante -Partido Popular- presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocacase el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-.
La Audiencia de Castellón estimó el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asistía la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, "pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".
El juzgado consideró posteriormente que procedía acordar la apertura del juicio oral al considerar la argumentación contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial.
El PP pide por un delito de malversación de caudales públicos 3 años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de 6 años; y, además, solicita otros 3 años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de 2 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.
