VALENCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, acusó hoy a la Dirección General de Tráfico (DGT) de "bloquear" la construcción de una nueva sede de este organismo en la zona de La Malvarrosa de la ciudad, pese a que ambas partes ya habían firmado un convenio junto con el propietario del solar --ubicado en la calle Padre Antón Martín, 10 y 11-- y a que el consistorio había aprobado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El edil, que compareció en rueda de prensa tras la celebración de la sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo, lamentó la "falta de explicaciones" por parte del Ministerio del Interior --del que depende la DGT-- y se preguntó "qué ha cambiado" para "romper" el acuerdo. A su juicio, esta decisión responde a una "indicación política", dada la proximidad de la zona al barrio de El Cabanyal.
En este sentido, anunció que el Ayuntamiento pedirá explicaciones al Ministerio, mientras que el dueño del terreno "va a iniciar actuaciones por daño patrimonial", ya que el convenio ya estaba firmado, había fecha para la firma de la compra de los terrenos, que fue suspendida y se había acordado un precio con el propietario por la cantidad establecida por al sociedad estatal de tasación, a precio de expropiación, y que ascendía a cuatro millones de euros.
Así, Bellver consideró que ésta una actuación "sectaria desde el punto de vista político" y que viene "desde arriba". Asimismo, criticó que supone "cargarse una inversión muy importante desde el punto de vista económico y para la regeneración" de la zona de El Cabanyal y de su entorno. "Quiero pensar que esta decisión de la DGT no tiene nada que ver con otras cuestiones de plena actualidad en las relaciones del Gobierno y el Ayuntamiento", añadió el edil de Urbanismo.
En su opinión, los argumentos que la DGT ofrece en su escrito sobre que la medida responde a un "problema presupuestario y de contención de gasto" por parte de este organismo "no es válido", dado que, al mismo tiempo, en otras ciudades como Zaragoza, se están adoptando acuerdos para ubicar sedes similares.
Además, pese a que en la carta de la DGT se traslada a los responsables municipales que el organismo "mantiene su intención de hallar una localización más adecuada", censuró que en Valencia, "directamente renuncian" a construir instalaciones, en lugar de "esperar" hasta contar con suficiente presupuesto. La inversión prevista en esta actuación era de 23 millones de euros, según recordó Bellver.
ENERGÍAS RENOVABLES EN AUMSA
Por otro lado, en la Comisión se aprobó una moción presentada por Bellver para iniciar los trámites para ampliar el objeto social de Aumsa con el fin de que abarque actuaciones relacionadas con el medio ambiente y las energías renovables, lo que permitirá a la empresa municipal el poder gestionar el uso de energías renovables en edificios e instalaciones de su propiedad, así como en bienes demaniales y patrimoniales de la ciudad. Está previsto que el proceso finalice a lo largo de este año.
En otro orden de cosas, en la Comisión se otorgó la licencia para el nuevo edificio de Plaza América que constará de 67 viviendas de renta libre y 140 plazas de aparcamiento en un inmueble de nueve plantas. Se trata, según Bellver, de un "edificio singular por su emplazamiento" en el que "se hizo un concurso de ideas" para la fachada.
Del mismo modo, se concedieron otras dos licencias de obras para la construcción de un edificio de Vivienda de Promoción Pública en la calle Barraix, situada en el barrio de Benicalap donde se construirán dos unifamiliares, además de una licencia de obra para una promoción de 84 VPP y 74 plazas de aparcamiento en Patraix.
En la Comisión se acordó también el someter a información pública la alternativa técnica para la unidad de ejecución 4 en Velluters, junto a la Plaza del Mercado que tiene una superficie de 2.100 metros y una edficabilidad de 4.800 metros. Está previsto construir 50 viviendas en edificios de cuatro o cinco alturas y la actuación dotará a la zona de una plaza pública.
Finalmente, se aprobó la modificación del PGOU en relación a los aparcamientos privadas en subsuelo. Al respecto, Bellver explicó que para cumplir la reserva obligatoria se autorizó la ocupación de suelo público en régimen de concesión, con lo que los aparcamientos están construidos, además de debajo de la huella del edificio, en parte del suelo público. Además de los 50 casos en los que ya se han iniciado los trámites, la intención del equipo municipal de Gobierno es proceder a la venta de subsuelo público en otros casos.