El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves un pleno monográfico tras la polémica por las adjudicaciones de VPP

   ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto celebrar este jueves a las 17.00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial un pleno extraordinario y urgente, después de que lo hayan solicitado desde la oposición, tras la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan.

   La sesión plenaria llega después de que el consistorio remitiera el martes esta cuestión a la Fiscalía para saber si hay "irregularidades" y tras anunciar que cruzará datos de los adjudicatarios de las VPP con los de funcionarios municipales.

   La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), dimitió como edil de la corporación local tras conocerse que ella está entre las adjudicatarias de esos pisos. La ya exedil justificó la decisión en que se apartaba del cargo para que la investigación pudiera "seguir su curso sin interferencias de ningún tipo" y "después de haber aportado toda la documentación" requerida.

   La renuncia de Gómez se suma a la de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento, tras las informaciones periodísticas que señalan que familiares suyos son beneficiarios de VPP. Dichas publicaciones apuntan igualmente que un arquitecto municipal también está entre los adjudicatarios.

   Además, el consistorio está "a la espera de verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y sueldo" por parte de la Generalitat, por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte. El consistorio estudia si las mismas medidas cautelares pueden ser aplicadas "a esta empleada del Ayuntamiento".

   Desde la administración autonómica indican que se trata de un trabajador público "que lleva muchos años en la dirección territorial" y cuyo caso han puesto en conocimiento de la Fiscalía. Según sus datos, el funcionario es "de larga trayectoria", ya que entró "hace años" en la administración pública "y lleva desde el año 2019 ocupando este puesto".

"REVISAR" LA NORMATIVA AUTONÓMICA

   El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, trasladó este martes la "indignación" del equipo de gobierno del PP por los hechos conocidos y defendió que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala ha actuado "con total contundencia", "celeridad" y "transparencia".

   Desde el ejecutivo municipal han abogado por "revisar" la normativa autonómica relativa a los procesos de adjudicación y acceso a este tipo de viviendas, aunque habrá que determinar si hay o no "irregularidad" en el caso de esta promoción de Playa de San Juan.

"FALTA INFORMACIÓN" EN ALGUNOS EXPEDIENTES

   Igualmente, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confirmado este miércoles que se ha detectado que "falta información" en algunos de los expedientes de la promoción de VPP en Les Naus que se están revisando de oficio y ha señalado que, si se confirma que hay irregularidades en la adjudicación, se dará traslado a Fiscalía para que la ley actúe "caiga quien caiga" si se ha cometido algún delito.

   Camarero ha descartado cuantificar cuántos casos se han detectado para "no alarmar", porque, según ha afirmado, hay que esperar a comprobar si la documentación extra reclamada, como los ingresos o propiedades del otro cónyuge en casos de separación de bienes, es "correcta". No ha querido valorar los casos de la concejala y de la directora general dimitidas, pero ha recalcado que "van a llegar hasta el final".

   Por otro lado, ha informado de que solo hay un propietario de VPP que ha solicitado autorización a la Conselleria para vender el inmueble y otros tres para alquilarlos, un trámite que es preceptivo. Al respecto, ha anunciado que en los casos de venta la Generalitat ejercerá el derecho de retracto para que "no haya posibilidad de que se especule con una vivienda de protección pública".

   En este contexto, este martes trascendió que el Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante constató que "algunos beneficiarios" de las adjudicaciones de VPP "mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos" del consistorio "que pudieron participar en fases relevantes del expediente de enajenación" de la parcela municipal sobre la que se construyeron los inmuebles.

PSPV Y SUMAR

   Por su parte, el PSPV registró el pasado lunes en Fiscalía una denuncia "tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal", en lo que ha denominado "escándalo del reparto de pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala".

   A juicio de los socialistas, "los hechos ocurridos bajo el mandato de Barcala podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de ley con relevancia penal".

   Por otro lado, Moviment Sumar País Valencià presentó el pasado viernes una denuncia ante la Fiscalia para "poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública, relacionados con la adjudicación" de VPP.

   Entre otras cuestiones, desde esta formación han reclamado en esa denuncia "esclarecer" si ese procedimiento "se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia" y si hubo "trato preferente".

DOS PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

   El pleno que el consistorio alicantino prevé celebrar este jueves incluye dos asuntos en el orden del día. El primero es la solicitud de ocho concejales de los grupos socialista, Compromís y EU-Podem para que comparezca Barcala con el fin de "dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de su actuación en relación con la enajenación de la parcela de suelo urbano" sobre la que se levantaron esas VPP y que fue adjudicada a la cooperativa Residencial Les Naus. También para que dé "respuesta" a "las cuestiones formuladas en el escrito presentado".

   El segundo es una moción conjunta de PSPV, Compromís y EU-Podem "por la que se acuerda la creación de una comisión no permanente o específica del pleno para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana".