El Ayuntamiento reitera su voluntad de llegar a un acuerdo con Bombas Gens para adquirir el inmueble

VALENCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, ha destacado este viernes la voluntad del consistorio de "hallar una solución" para el futuro de la antigua fábrica de Bombas Gens, que se vio afectada esta semana por un incendio. Así, la administración local ha reiterado su intención de llegar a un acuerdo con la propiedad para adquirir el inmueble, que por las circunstancias administrativas y jurídicas actuales no puede ser expropiado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"El edificio tiene un aprovechamiento, está calificado como uso terciario y hay solicitada una licencia sobre é, y todo ello, la vía de la expropiación no lo contempla", ha apuntado el edil. Novo, que se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa tras tener el informe elaborado a raíz del incendio por el Servicio Municipal Bomberos y la Oficina Técnica del Servicio Municipal de Disciplina Urbanística, ha comentado que esta jornada se han trasladado estos argumentos a la Asociación de Vecinos de Marxalanes, que han sido recibidos en la Concejalía de Urbanismo.

El titular de esta negociación ha defendido la posibilidad, "igual que ya se intentó años atrás", de "negociar con la propiedad si está dispuesta". A su vez, ha subrayado que el consistorio está interesado "en negociar cualquier salida, desde la premisa de respetar los derechos de la propiedad" y ha planteado la posibilidad, en este sentido, de "seguir avanzando las conversaciones para que la antigua fábrica pase a manos de la administración y se le pueda dar uso conveniente".

En este punto y descartada la expropiación por ser inviable, el concejal ha apuntado opciones como las transferencias de aprovechamiento de la antigua fábrica o permutas. Asimismo, ha considerado una "hipocresía hablar de unos posibles usos del edificio, que son totalmente engañosos, cuando se sabe que se trata de una edificación de uso terciario". En la actualidad hay una licencia en tramitación para la construcción de un hotel.

Alfonso Novo ha señalado, que tras el incendio la prioridad es "garantizar la supervivencia de los elementos protegidos del conjunto fabril". En esta línea, ha advertido a la propiedad de que si no actúa a este respecto "se ejecutarán los procesos sancionadores correspondientes con toda rotundidad, dureza y en su grado máximo". "Igual que se respetan los derechos, del mismo modo no se protege a nadie y si hay que sancionar, lo haremos de la forma más efectiva posible", ha planteado.

NINGÚN ELEMENTO PROTEGIDO DAÑADO

El informe elaborado tras el incendio señala, según el consistorio, que ha resultado afectada la cubierta del inmueble, que se ha desplomado; que hay signos de carbonización en el altillo, sometido a elevadas temperaturas, y que ha habido pérdidas de capacidad portante y desplomes puntuales de material. Asimismo, indica que han quedado desprotegidos algunos huecos de las fachadas.

El documento precisa que se han perdido dos faldones paralelos de la cubierta, recayentes a la avenida de Burjassot, y que quedan en pie sin patologías graves que pudieran poner en peligro su estabilidad los dos muros portantes que conforman las fachadas anterior y posterior de dicho edificio. Por ello, concluye que no han resultado afectados los elementos protegidos del inmueble.

El consistorio ha instado a la propiedad, tras el incidente, a llevar a cabo, en el plazo máximo de 72 horas, una serie de medidas precautorias que contemplan demoler los elementos constructivos inestables, desescombrar todos los restos, recuperar y almacenar in situ los materiales reutilizables --deberán ser inventariados--, y hacer un tratamiento superficial de las coronaciones de elementos estructurales.

Además, todos los huecos exteriores deberán quedar clausurados mediante una chapa de lista de acero de 1,5 milímetros de espesor y anclados interiormente, de modo que se produzca el cierre total del complejo fabril en todos sus accesos, cegando los butrones en los cerramientos recayentes a las calles que lo rodean. Alfonso Novo ha agregado que esto se completará, "dado el nivel de catalogación del inmueble", con "documento gráfico del estado actual, de los trabajos que se realicen y del resultado".

Si los propietarios no llevan a cabo esta solicitud, intervendrá la contrata municipal con cargo a la propiedad. El concejal ha avanzado que dada la falta de respuesta ante requerimientos anteriores, el Ayuntamiento iniciará de modo paralelo la tramitación de la adjudicación a la contrata para garantizar la preservación de la edificación. Si la propiedad no actúa, el consistorio podría estar en disposición de hacerlo hacia finales de la semana que viene.

TRES MULTAS Y REQUERIMIENTOS

El titular de Urbanismo ha explicado que en los últimos años se han hecho innumerables requerimientos y acciones ante la propiedad de este edificio --cambió de titular en 2009--. Ha apuntado también que para esta antigua fábrica nunca se ha solicitado una modificación de calificación de uso.

El expediente sobre Bombas Gens se inició en 2006 --hay algún antecedente de 1998-- y se ordenó a la propiedad a ejecutar obras de reparación. En ese momento, ante el incumplimiento, se le impuso una primera multa coercitiva. En 2009, explica el consistorio, el inmueble pasó a manos de Geshabitat, que interpuso un recurso de reposición ante el Ayuntamiento contra la multa y después un contencioso-administrativo que es declarado caducado por el juzgado de oficio.

Durante esos años, ha agregado la administración local, se suceden informes municipales. En 2012 se requiere de nuevo a la propiedad para que en 72 horas cierre un butrón detectado y se denuncia al juzgado la ocupación ilegal del inmueble. El Servicio de Disciplina Urbanística se hace cargo de ese cierre y gira los cargos a los dueños.

Por otro lado, a finales de 2012 hay más requerimientos actuaciones, desalojos, cierre de accesos e informes de obras no ejecutadas que se remiten al Servicio Municipal de Procedimiento Sancionador. En abril del año pasado se impuso una segunda multa coercitiva y en diciembre se solicitó a la Oficina Técnica de Control de Conservación de Edificación que actualice el valor de las obras de reparación para imponer una tercera multa coercitiva.