Los ayuntamientos podrán emitir informes vinculantes contrarios a la instalación de actividades calificadas

VALENCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas aprobó hoy una enmienda transaccional al proyecto de ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental por la que se faculta a los ayuntamientos a emitir informes vinculantes contrarios a la instalación de actividades sujetas a autorización ambiental.

Esta enmienda transaccional, que fue aprobada a partir de una propuesta del PSPV, establece que el informe previo a la instalación de actividades calificadas que emitan los ayuntamientos tendrá carácter vinculante cuando sea desfavorable o establezca "condicionamientos necesarios en el ámbito de sus respectivas competencias".

La comisión aprobó directamente o mediante transaccionales un total de 81 de las 302 enmiendas presentadas a este proyecto de ley, 27 de ellas pertenecientes a los grupos parlamentarios socialista y de EU-Entesa y las restantes 54, al PP.

Entre las modificaciones incorporadas al texto a instancias de la oposición, se incluye una, que prosperó mediante una enmienda transaccional a sendas propuestas de PSPV y EU-Entesa, por la que se faculta al Consell a desplegar reglamentariamente las prescripciones reguladas por la ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

Además, en virtud de otra enmienda transaccional, se elimina del artículo referido a la prescripción de infracciones la posibilidad de archivar actuaciones si, en el plazo de dos meses, no se practica la notificación del procedimiento sancionador al imputado.

Otras enmiendas transaccionales aprobadas determinan la adopción, antes del inicio de procedimientos sancionadores, de medidas correctoras para minimizar o resolver efectos perjudiciales sobre el el medio ambiente o la salud de las personas, e introducen la posibilidad de que, en caso de difícil o imposible restauración de valores ambientales, el responsable de las actuaciones deba ejecutar medidas compensatorias de efectos equivalentes al daño producido, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en materia de responsabilidad por daños ambientales.

Además, se aprobó directamente una enmienda del PSPV que introduce la obligación de establecer necesariamente el periodo de duración de las excepciones temporales que se fijen para que determinadas instalaciones puedan superar los valores límites de emisión, y también se incorporaron enmiendas por las que se elimina del texto de la ley que las mejoras técnicas disponibles no puedan ser aplicadas a las actividades sujetas a autorización ambiental si no lo exige así la normativa europea o la legislación básica del Estado.

También se votó favorablemente una enmienda transaccional por la que se fija un plazo máximo de dos meses para que la Administración resuelva las consultas previas realizadas por el titular de las instalaciones, que podrá tenerlas en cuenta en la redacción del proyecto.

Asimismo, en virtud de otra enmienda transaccional, la ley determinará que la evaluación ambiental acreditativa deba ser emitida por una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental regulada como tal por la Generalitat.

"RIGUROSISIMA"

Los diputados del grupo parlamentario popular Fernando Modrego y Salvador Cortés señalaron que la ley elaborada por la Generalitat cumplirá con los objetivos que se ha marcado de protección de la calidad medioambiental y de prevención de la contaminación, puesto que, según defendieron, fija requisitos "rigurosísimos" en lo que se refiere al régimen sancionador y además ha sido consensuada con "numerosos" colectivos implicados.

El diputado socialista Adolf Sanmartín se congratuló de que el PP haya aceptado enmiendas "significativas" y confió en que pueda ser posible llegar a un acuerdo en torno a esta ley, aunque subrayó que el "principal problema" no está en su aprobación, sino en su aplicación práctica, ya que es "tremendamente escaso" el personal con el que cuenta la Generalitat para tramitar las autorizaciones ambientales integradas con las que deberán contar las instalaciones afectadas por la entrada en vigor del nuevo marco normativo.

Por su parte, el parlamentario de EU-Entesa Carles Arnal afirmó que el Consell ha elaborado una "ley-trampa" que no va "ni un milímetro" más allá de aquello a lo que se vé obligada por la ley estatal y la trasposición de la directiva europea sobre esta materia, ya que, según defendió, está "llena de agujeros como un colador", debido, entre otros aspectos, a los "graves defectos", al "enorme número de excepciones" que plantea y al "muy bajo rigor sancionador".