Bellver defiende la Ley de Transparencia y critica que la oposición "trate de torpedearla"

Publicado 15/02/2015 15:04:45CET
Jorge Bellver
CORTS VALENCIANES

VALENCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en las Corts, Jorge Bellver, ha defendido este domingo que la Ley de Transparencia que impulsa el Gobierno valenciano "garantiza y vela por el máximo control de las cuentas y bienes públicos" y ha criticado que la oposición "trate de torpedearla por interés electoral en lugar de sumarse".

En un comunicado, Bellver ha puesto en valor esta ley, cuyo debate de totalidad se celebrará en el pleno de la próxima semana, y ha recordado que a través de esta norma los ciudadanos podrán acceder a toda la información sobre la actividad y la gestión de la administración autonómica.

"Esta Ley es fruto del diálogo con todos los agentes sociales, con un único objetivo: que los ciudadanos confíen plenamente en el trabajo de las administraciones públicas y sus dirigentes. Por eso desde el Grupo Parlamentario Popular queremos lamentar una vez más las críticas de la oposición, que prefiere situarse enfrente y trata de torpedear esta Ley por interés electoral en lugar de sumarse", ha agregado.

El Síndic ha destacado que con esta ley el Gobierno valenciano vincula una parte del salario de los altos cargos al cumplimiento de determinados objetivos, se crea un inventario de los obsequios y se obliga a todos los altos cargos a hacer pública una declaración de bienes, actividades y derechos patrimoniales.

Asimismo, deberán hacerse públicas las retribuciones íntegras anuales de cada alto cargo, así como las indemnizaciones y los viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana, y se publicarán los gastos de caja fija y toda la información de los estudios de opinión, campañas de publicidad y de promoción institucional.

La Ley de Transparencia postula también que una entidad experta e independiente evaluará de forma objetiva y periódica las políticas públicas; se introduce un régimen sancionador específico y recoge que la Administración tendrá un mes para contestar las solicitudes de los ciudadanos o estas se darán por aceptadas.