VALENCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex secretario de Estado de Aguas y Costas Benigno Blanco afirmó hoy en la comisión especial de las Corts Valencianes para el estudio de la sequía que la política hídrica del Gobierno central, que consideró de un "simplismo absoluto", coloca a la Comunitat Valenciana en una posición "muy difícil" para consolidar sus expectativas de desarrollo económico.
Blanco, que ocupó la secretaría de Estado de Aguas entre 1996 y 2000, advirtió de las consecuencias negativas económicas que tendrá, a su juicio, tanto la derogación del trasvase del Ebro como la "anulación" de las obras en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó tras su cambio de trazado y la última reforma de la ley de Aguas, ya que implican que no existe "solución a medio y largo plazo" para el problema "estructural" de déficit de recursos hídricos.
El responsable de Aguas con el primer gabinete de José María Aznar señaló ante los representantes del PP, los únicos que asisten a las comparecencias tras el plante de la oposición, que el desarrollo del territorio valenciano, uno de los que presenta "mayores" niveles de inversión y "mejores" registros en empleo joven, depende de la existencia de recursos hídricos, y las limitaciones de agua "suponen una cortapisa para consolidar esas expectativas de desarrollo".
En su opinión, "corresponde" a las Corts Valencianes "realizar un análisis que permita volver a reconstruir el escenario jurídico, económico y de existencia de infraestructuras"*para obtener*una "solución de futuro". Blanco manifestó que esa solución "existe y se diseñó entre 1996 y 2000", pero "tiene que haber una voluntad de buscar soluciones huyendo de simplismos y apriorismos".
El problema, indicó, es "serio, pero resoluble" y no es de sequía, sino de "déficit estructural o de riesgo de déficit estructural" de agua, y criticó que a la Comunitat Valenciana se le haya privado, en su opinión, "de los instrumentos jurídicos, planificadores y de las infraestructuras" para afrontar "de forma razonable y racional" las soluciones.
Blanco defendió también, en declaraciones previas a su comparecencia en la comisión, que "en política del agua no hay ninguna solución simplista" y que "no basta con decir que, con desaladoras o con trasvases, se arregla el problema". "El agua es absolutamente poliédrica, tiene mil y un problemas y hay que tocar mil y un palillos", indicó.
El ex secretario de Estado considera en este ámbito "muy preocupante" para la Comunitat la "política del 'no'" del Gobierno central, que ha llevado a la derogación del trasvase del Ebro o al cambio de diseño del trasvase Júcar-Vinalopó, "con el consiguiente retraso en el tiempo y puesta en riesgo de la financiación" de la UE, ya que, según dijo, "eran piezas muy bien pensadas" y que, por ellas mismas, "no solucionaban todos los problemas", pero sí lo hacían conjuntamente.
EXPERIMENTOS
Ya en la comisión Blanco defendió que "parar" una obra en marcha como el trasvase Júcar-Vinalopó "implica asumir un riesgo de imposibilidad de que se acaben las obras impresionante" que no habría adoptado "ningún político responsable en materia de infraestructuras", por lo que se le podría aplicar el consejo de "los experimentos, con gaseosa".
El ex responsable de Aguas dudó además de la viabilidad de la opción, que implicará, en todo caso, "un retraso de bastantes años" y que se ha hecho "por razones no explicadas a nadie". Además, según auguró, generará "problemas no sólo económicos y de financiación, sino de la propia gestión de las aguas del Júcar", ya que "el agua va a depender de cómo se gestiones los embalses de la cuenca", lo que "puede afectar a todos los derechos existentes de los usuarios".
Blanco aseguró que no querría ser el que tuviera que negociar con la UE los recursos económicos para el trasvase, porque "una obra dedicada sólo a usos agrarios tiene mucha más dificultad para ser financiada que una obra que también atiende a una finalidad ambiental y de abastecimientos urbanos" y el encarecimiento del coste económico del proyecto resulta además "muy difícil de justificar".
Asimismo, señaló que el plan Agua del Gobierno central no es un auténtico programa de política hídrica, porque "no tiene consistencia metodológica ni análisis económico ni ambiental detrás que se conozca" y es únicamente un listado de proyectos "de los que se manejan por miles en los ministerios".
Por otro lado, el presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana, José Pascual Gil, que también compareció en la comisión, aseguró que el territorio valenciano presenta un "déficil estructural de 1.000 hectómetros cúbicos que no hay más remedio que traer con el trasvase del Ebro", y aseguró que las desaladoras "no nos sirven" porque están en lugares "inadecuados", tienen un coste energético "bárbaro", aportan un agua de calidad "dudosa" y tienen efectos medioambientales negativos.
El miembro del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia Vicente Nácher, otro de los comparecientes en esta sesión, defendió el papel que históricamente han tenido los agricultores y la institución a la que pertenece en el uso racional del agua y lamentó que se les pretenda, a su juicio, presentar como "los malos de la película" cuando reclaman los recursos del trasvase del Ebro.
