Blasco acuerda con Fiscalía tres años y seis meses de prisión por el fraude en las ayudas a ONGs y el hospital de Haití

Publicado 23/05/2019 22:13:21CET
EUROPA PRESS

El empresario Augusto César Tauroni acepta otros tres años y seis meses de prisión y el alto cargo de Conselleria Marc Llinares, tres años

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, ha llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal por el que se le impondrá una pena de tres años y seis meses de prisión por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONGs y el proyecto fallido del hospital en Haití.

Así lo ha hecho público la Fiscalía Anticorrupción este jueves, cuando se ha conocido que el Ministerio Fiscal ha presentado un total de 17 escritos de conformidad: siete entre los acusados y Fiscalía; tres entre acusados, Fiscalía y la Generalitat Valenciana, que actúa como acusación particular; y otros seis entre procesados, Ministerio Fiscal, gobierno valenciano y la Coordinadora Valenciana de ONGs, que ejerce la acusación popular.

Los acusados que han llegado a un acuerdo solo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.

Tanto en el caso de Blasco como en el resto de este grupo, todos ellos han corroborado ante el tribunal que aceptan los hechos relatados por Anticorrupción en su escrito de acusación y que, por tanto, reconocen los delitos que se les imputan. Posteriormente, en el momento en el que han sido llamados a declarar en la jornada del juicio de este jueves, la mayoría de los procesados se ha limitado a acogerse a su derecho a no hacerlo.

El abogado del exconseller 'popular' ha defendido que no se trata de una conformidad "de mínimos", ha subrayado que se reservan el derecho a última palabra y ha anunciado que va a solicitar la imposición de las costas del proceso a la Generalitat y las ONG, al continuar adelante con la vista pese a ese acuerdo con Fiscalía.

En el caso de Augusto César Tauroni, el empresario fundador de la Fundación Hemisferio --una de las entidades supuestamente empleadas para el desvío de fondos-- ha aceptado una pena de dos años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta por un delito de malversación en concurso con otros de prevaricación y falsificación documental.

También ha aceptado una pena de seis meses de prisión con la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, más una multa de tres meses e inhabilitación para desempeñar un cargo público por un año y seis meses por un delito de asociación ilícita; así como otros nueve meses de prisión, una multa de 10.000 euros por un delito de cohecho y una inhabilitación para ser cargo público durante un año y seis meses.

Además, se le impone una cuarta pena, esta de tres meses de prisión, y el pago de una multa de 30.000 euros porque ha asumido su participación en un delito de blanqueo de capitales. En total, la pena por los cuatro delitos que se le condenan asciende a tres años y seis meses, los mismos que Blasco.

En el caso de Llinares, que ostentó el cargo de Jefe de área de Cooperación en la Conselleria, también ha reconocido la totalidad de los hechos, por lo que se le ha impuesto dos años de prisión más dos de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad.

Asimismo, se le han impuesto seis meses de prisión más por un delito de asociación ilícita y tres meses de multa, así como una tercera pena de nueve meses de prisión por un delito de cohecho y otra multa por importe de 10.000 euros. En total, la pena de prisión asciende a tres años y tres meses.

UN AÑO Y SEIS MESES PARA JOSÉ MARÍA FELIP Y TINA SANJUÁN

En el caso del exdirector general de Cooperación, José María Felip, el acuerdo al que ha llegado con Ministerio Fiscal y Generalitat Valenciana supone que acepta una pena de un año y seis meses de prisión así como dos años y tres meses de inhabilitación absoluta.

Misma pena de prisión para la secretaria general administrativa de la Conselleria, Tina Sanjuán. Así, ha aceptado una condena de un año y seis meses por un delito de malversación, más una inhabilitación absoluta por cuatro años, y una pena de seis años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Según señala la Fiscalía, "respecto del resto de acusados con los que se ha llegado a acuerdos totales o parciales de conformidad, se ha tenido igualmente en consideración la circunstancia de su intervención secundaria en los hechos, bien por desempeñar un papel de meros empleados de la Fundación Hemisferio, que actuaban a las órdenes del señor Tauroni, bien por haber prestado una colaboración instrumental y accesoria".

También se ha tenido en cuenta "el esfuerzo reparatorio realizado para aminorar los perjuicios económicos, habiéndose alcanzado acuerdos que posibilitan el que puedan acceder a la suspensión de las penas privativas de libertad por no superar los dos años de privación de libertad.

TRES TIPOS DE PACTOS

Durante la jornada de este jueves, un total de 17 acusados han llegado a acuerdos con Fiscalía y o bien la acusación particular que ejerce la Generalitat, o bien con la particular y la popular, que ejerce la CVONGD.

Con pactos que implican a todas las acusaciones, figuran Andrés Chust, Rosa María Castelo, Alberto Pampín, Luis Freire, José Bollaín y Miguel Ángel Climent Estruch, este último a quien no acusa la Coordinadora. Todos ellos han seguido el proceso de reconocer los hechos ante la Sala y mostrarse de acuerdo con las penas establecidas.

Los acuerdos que el fiscal ha calificado como "parciales", dado que solo Anticorrupción y Generalitat los han suscrito, son el ex director general de la Conselleria José María Felip; Alfonso Navarro; el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, y Jesús Urquiza. El letrado de las ONG, que no firma estas conformidades, ha considerado necesaria la práctica de prueba para "aquilatar la responsabilidad penal y pecuniaria" de estos acusados.

Los principales procesados forman el tercer grupo, con acuerdos únicamente con Fiscalía, mientras que en el caso de otro de los procesados, Fernando Cañete, solo tiene un pacto con la Abogacía porque Fiscalía no le acusa, mientras que las ONG han vuelto a mostrar su "disconformidad".

Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora de ONGD han mostrado su "disconformidad" con este acuerdo por la responsabilidad penal que contempla y porque "no se satisfacen los graves perjuicios causados", por lo que han solicitado que continúe el juicio y la práctica de prueba.

Además de estos acusados, existen otros con los que no se ha llegado a ningún acuerdo: la jefa del servicio de Gestión de programas de la Conselleria, María Dolores Escandell; el legal representante de la empresa evaluadora de los proyectos de cooperación Caaz y titular de hecho de Expande, Luis Fernando Castel, y los empresarios José Luis Mezquita, Félix Sanz y Rafael Barrera.

Blasco ya fue condenado a seis años y medio de prisión en la primera de las piezas del caso, mientras que por las que ahora se juzgan, la dos y tres, Anticorrupción solicitaba otros 16 años de cárcel. Las negociaciones para llegar a una conformidad comenzaron con el fiscal Vicente Torres, y continuaron con Jesús Carrasco, quien mantuvo en las primeras sesiones de este juicio que la asunción de responsabilidades civiles por parte de los procesados era "insoslayable e insalvable".

ACUSADO EN BOLIVIA

En jornadas anteriores también se ha planteado la situación de Adolfo Soler, cofundador de la Fundación Hemisferio quien se encuentra en Bolivia y ha alegado padecer una "seria enfermedad" para no acudir a la vista. Por ello, se ha formado una pieza separada y se ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones por no encontrarse en territorio español a disposición del Tribunal.