VALENCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha considerado este martes que no se puede atribuir la instrucción de causas penales a la Fiscalía mientras el Fiscal General del Estado "sea un apéndice del Gobierno y sin que se garantice su imparcialidad e independencia política, algo que no ocurre actualmente". En su opinión, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quiere con esta propuesta "dar la instrucción a los fiscales pero sujetarlos al Gobierno".
Blasco se ha pronunciado en estos términos en un comunicado en respuesta a los cambios anunciados esta mañana por Caamaño, quien ha avanzado que su departamento presentará un primer borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal que trasladará la instrucción penal a las fiscalías y modificará la regulación actual sobre figuras como la acusación popular.
"Si Cándido Conde Pumpido actúa actualmente a las órdenes del Gobierno socialista pese a la existencia de los jueces de instrucción, sin la limitación de estos su actuación debería asustar al Estado de Derecho", ha afirmado Blasco.
A juicio del conseller, "el modelo al que aspiran Caamaño y los socialistas es el de dar la instrucción a los fiscales, pero sujetarlos al Gobierno". En esa misma línea, Blasco ha añadido que el "siguiente paso será quitarse la careta y decir ya directamente que dependan del ministro Rubalcaba sin disimulos como ocurre ahora".
En cuanto a las limitaciones de la acusación popular, el conseller entiende que Caamaño "sigue su misma lógica de controlar la instrucción penal". En su opinión, "una vez atados los fiscales vinculándolos al Gobierno socialista y controlando a través de ellos la investigación penal, ya no hacen falta acusaciones populares".
Blasco señala que, "de esta forma, se evita por ejemplo que se formule alguna querella contra políticos socialistas, mientras ellos, a través de la Fiscalía, atacan la oposición".
Sobre los Consejos de Justicia autonómicos, a los que también se ha referido el ministro Caamaño, Blasco ha señalado que el Consell "está a favor de desarrollar nuestro Estatuto pero con realismo y seriedad, y desde esta perspectiva los Consejos de Justicia autonómicos no son una necesidad urgente para la justicia".
"Ni los jueces, ni los secretarios, ni los abogados ni los procuradores los reclaman como una necesidad, ni siquiera secundaria, para modernizar la justicia", ha asegurado el conseller, que cree que dichos consejos "van a suponer un gasto importante añadido a las comunidades autónomas que muy bien podría usarse para modernizar la oficina judicial o crear más plazas de jueces, que sí es urgente".
"Que no engañe el ministro con argumentos de que es necesario para la Justicia; es necesario sólo para los socialistas, para sus intereses en las elecciones catalanas y nada más", ha sostenido.
