Blasco defiende la "necesidad" del consentimiento del propietario en la declaración de un paraje natural municipal

VALENCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, defendió hoy en el pleno de las Cortes Valencianas la "necesidad" de contar con el consentimiento del propietario de un terreno para la declaración de éste como paraje natural municipal.

Blasco compareció en la Cámara a petición de EU-Entesa para explicar los motivos de la elaboración en 2004 de un decreto sobre parajes naturales municipales que sustituye a otro de 1998 y que, según la coalición, introduce como novedad la exigencia de conformidad de los propietarios de los terrenos a proteger.

El conseller defendió que ambos decretos "se mantienen exactamente igual en lo sustancial" y señaló que el nuevo simplifica el procedimiento de declaración para que sea más accesible a los municipios y disminuye los plazos administrativos necesarios para la entrada en vigor del régimen de protección.

El diputado socialista Adolf Sanmartin también señaló que ambos decretos son "idénticos" en la consideración como imprescindible de la conformidad de los propietarios y, en este punto, manifestó que compartía la "preocupación" de EU-Entesa pero "no acabo de ver de forma clara el cambio cualitativo que dicen que se produce", a la vez que apuntó que los dueños de los terrenos "son los más conocedores de su zona".

El parlamentario de EU-Entesa Carles Arnal aseguró que la redacción de 2004 introduce como novedad la exigencia de conformidad de los propietarios de los terrenos a proteger y señaló que esta medida "empeora y vulnera" el espíritu de la ley de 1994 de Espacios Naturales Protegios "porque deja en manos de los particulares la posibilidad de proteger valiosos parajes naturales".

Arnal indicó que detrás de esta modificación se encuentra "una consideración muy pobre del valor del medio ambiente" y, "en lugar de hacer imperar valores objetivos, limita la protección a los casos en los que ésta sea favorable para los propietarios".

Acusó a Blasco de "aplicar un doble rasero" y, al respecto, reclamó que si se considera normal no contar con la voluntad de los propietarios de los terrenos en los que está previsto que circule el tren de alta velocidad o para ubicar intalaciones contaminantes, se aplique el mismo criterio en la defensa de los valores medioambientales.

Puso como ejemplos los casos de la Vallesa de Paterna y el Mollet en Sant Joan del Moro y Vilafamés (Castellón), a los que la conselleria "negó la protección" pero instó a los ayuntamientos a recurrir a la figura del paraje natural protegido, algo que no será posible porque los propietarios "no quieren", a no ser que reciban "indemnizaciones astronómicas", apostilló.

Blasco indicó que si las manifestaciones de Arnal fueran verdad, "no se habrían podido declarar 29 parajes naturales protegidos", que ocupan 8.054 hectáreas, al tiempo que señaló que el decreto permite a los ayuntamientos más pequeños concertar con la Generalitat un "nivel de cooperación" para facilitar a los consistorios la protección de sus espacios naturales.

Explicó que ello posibilita a los ayuntamientos no tener que recurrir a las figuras máximas de protección contempladas en la ley de 1994, que requieren de unos procedimientos a veces "muy difíciles" de mantener por las administraciones locales más modestas.

En este punto, defendió la "necesidad" de contar con el consentimiento de los propietarios privados para decidir sobre las figuras que no suponen un gran nivel de protección, y señaló que el decreto sobre parajes naturales ha dado unos "resultados espectaculares" y ha supuesto una "fórmula dinamizadora de esta figura de protección".

Además, acusó a Arnal de "perderse en la superficialidad" y de "confusión mental", ya que, según señaló, el decreto de 2004 al que hace alusión la petición de comparencia en las Cortes corresponde a la concesión a título póstumo a Manuel Tarancón de la Alta Distinción de la Generalitat y no sobre Parajes Naturales Municipales, como era la intención de EU-Entesa, lo que consideró "un error de bulto". El parlamentario de la coalición censuró a Blasco por "aferrarse a una errata".

Sanmartin indicó que si la preocupación de EU-Entesa es que el condicionamiento de los propietarios "pueda restar determinadas actuaciones a la conselleria, el argumento no acaba de estar demasiado claro" y añadió que no veía la diferencia entre ambos decretos "ni en plazos ni en afección urbanística ni en financiación". "Los dos me parecen perfecamente respetuosos tanto con la Generalitat como con los propietarios particulares", apostilló.

RIBESALBES

Por otro lado, Blasco compareció en el pleno de las Cortes a petición del PSPV para informar sobre los permisos medioambientales concedidos a la empresa Poligas de Ribesalbes (Castellón), que, según los socialistas, funcionó durante casi todo el año 2004 de forma "irregular", al no contar durante ese período con la autorización correspondiente.

El titular de Territorio y Vivienda destacó que la compañía dispone en estos momentos de autorización hasta el 3 de octubre de 2006 y manifestó que las "múltiples deficiencias" que presentaba la empresa, participada por el Ministerio de Industria, "se han ido corrigiendo de manera gradual". Agregó que en "ningún momento se ha visto argumento legal suficiente para poder impedir su actividad".

Blasco recalcó que la competencia para retirar la licencia de actividad corresponde al Ayuntamiento y señaló que desde la conselleria "no están cerradas definitivamente algunas decisiones que se puedan tomar" sobre Poligas, a lo que añadió que el objetivo de su departamento es "intentar, por encima de todo, que las actividades de esta empresa no generen ningún tipo de perjuicio para el medio ambiente ni la salud de los ciudadanos".