Blasco descarta establecer una moratoria de campos de golf hasta la aprobación de la ley que regulará esta actividad

VALENCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, descartó hoy establecer una moratoria en la autorización de nuevos campos de golf en la Comunidad Valenciana hasta la aprobación de la ley reguladora de estas instalaciones deportivas que prepara la Generalitat.

Blasco compareció en la comisión de Obras Públicas y Transportes de las Cortes Valencianas para informar, a propuesta de EU-Entesa, sobre los proyectos normativos de su conselleria relacionados con la implantación de nuevos campos de golf.

El titular de Territorio defendió que la paralización de nuevos proyectos de campos de golf constituiría una "incongruencia" y supondría aplicar una moratoria que "nunca" se han planteado en ninguna otra comunidad autónoma.

Blasco señaló que en la actual legislatura únicamente se han creado siete nuevos campos de golf, lo que supone un porcentaje de crecimiento de este tipo de instalaciones "muy inferior" al de comunidades directamente competidoras y defendió que no se ha apreciado "ningún cambio sensible" en lo que se refiere al número de proyectos planteados. También resaltó que "el mayor número" de los autorizados en el actual periodo han sido impulsados por gobiernos municipales socialistas "con la colaboración de EU en algunos casos"

El conseller habló de "necesidad urgente" y aseguró que la Comunidad Valenciana cuenta con un "déficit absolutamente inadmisible" de campos de golf, ya que actualmente dispone de un total de 22, en tanto que otras autonomías como Andalucía alcanzan 90 y no han contemplado, agregó, ninguna regulación como la que plantea la Generalitat a través del anteproyecto de ley de campos de golf.

Asimismo, señaló que sería "razonable" pasar en los próximos 10 ó 12 años a tener una oferta "bien distribuida territorialmente" de alrededor de 60 ó 65 campos de golf en la Comunidad Valenciana, rechazó la "falsa imagen de 'boom urbanístico'" aparejada a estos proyectos y resaltó que el crecimiento de la demanda de este deporte se demuestra en el número de personas federadas, un total de 17.000, sólo por detrás de la caza, el fútbol y el baloncesto.

Por otro lado, indicó que no se debería plantear "ninguna duda" respecto a la exigencia de recursos hídricos para impulsar estas infraestructuras deportivas, dado que "no se va a autorizar ningún campo de golf que no tenga el abastecimiento real del agua que se necesite", no sólo porque "se precisarán las certificaciones de los organismos correspondientes", sino porque "existe" una normativa "rigurosa" al respecto.

Blasco señaló que resulta "sorprendente" la "discriminación en negativo" que sufre la Comunidad en implantación de estas instalaciones deportivas --señaló que Cataluña tiene 42 campos de golf y Baleares 21--, y consideró un objetivo situar el territorio valenciano "al mismo nivel de igualdad" que otras autonomías. Además, subrayó que sólo Baleares y Navarra cuentan con una regulación legal de campos de golf, aunque "sin las apreciaciones de carácter medioambiental" que plantea el Consell en su anteproyecto de ley.

El conseller, que garantizó que no se implantarán campos de golf en lugares que puedan reportar impactos negativos para "la mejora ambiental y territorial", argumentó que los campos previstos, además de los ya construidos, "apenas utilizarán 20 hectómetros cúbicos", lo que supone consumos de agua de "muy escasa relevancia" que representan el 0,05 por ciento del total de la Comunidad Valenciana.

También defendió la necesidad de agilizar mecanismos para la implantación de campos de golf públicos, ya que en la Comunidad sólo existe actualmente uno, lo que representa un porcentaje del 4,35 por ciento del total, en tanto que en el conjunto estatal es del 14 por ciento.

El parlamentario socialista Adolf Sanmartín subrayó que el PSPV no se opone a la construcción de campos de golf, sino a que se puedan utilizar estos proyectos como "excusa" para reclasificaciones masivas de suelo o para promover urbanizaciones bajo el paraguas de la declaraciones de interés público.

Sanmartín defendió además que el anteproyecto de ley de campos de golf debería imponer a los promotores la sujeción a un informe previo y vinculante sobre la disponibilidad de recursos hídricos, emitido por la confederación hidrográfica correspondiente, y también reclamó la necesidad de impulsar un plan de acción territorial de carácter sectorial con las orientaciones básicas para que el sector del golf tenga un "desarrollo coherente".

MORATORIA

El diputado de EU-Entesa Carles Arnal defendió la necesidad de implantar una moratoria "inmediata" de campos de golf, dado que, según denunció, el anuncio de esta ley ha tenido un efecto llamada y el conseller "prevé" que no se aplique la nueva norma a todos aquellos proyectos que ya han iniciado su tramitación. Arnal denunció que su repercusión será "meramente publicitaria", porque "la inmensa mayoría de proyectos se escaparán de esta regulación, que sólo servirá cosméticamente para unos pocos casos, que se intentarán utilizar de justificación".

Arnal acusó al conseller de "confundir las pelotitas de golf con los pelotazos de las urbanizaciones asociadas" e invitó al titular de Territorio a aclarar el "misterio" de la "rentabilidad" de este proyecto de ley, cuando, según recordó, los expertos sostienen que sólo son viables económicamente los campos de golf que llevan aparejados proyectos urbanísticos de entre 3.000 y 4.000 viviendas.

INFORME SOBRE EL RUIDO

Por otro lado, el conseller subrayó que el tercero de los reglamentos que desarrolla la ley contra la Contaminación Acústica en lo que se refiere a los planes acústicos municipales estará aprobado este año y que también estará en este ejercicio el Plan Acústico de Acción Autonómica, que se encuentra en "fase avanzada" y que, según garantizó, contará con un "alto grado grado de consenso".

Blasco, que compareció para informar sobre las actuaciones previstas por su Departamento para cumplir con las recomendaciones efectuadas por el Síndic de Greuges en su informe especial sobre el ruido, indicó que la conselleria cumplió antes de que el alto comisionado planteara sus sugerencias con dos de las peticiones incluidas en este documento, al aprobar en febrero de 2004 el reglamento con las normas de control del ruido de vehículos de motor y en diciembre las normas de prevención y corrección de ruido en instalaciones, obras y servicios.

Además, resaltó que, con la aprobación del tercer reglamento, la Generalitat se "adelantará" a las disposiciones que debería haber desarrollado ya el Gobierno central en esta materia. También destacó que en 2003 se contabilizaron 79 expedientes de denuncia relacionados con la contaminación acústica, cifra que en 2004 se situó en 85 y en 2005, en 71.