VALENCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, exigió hoy al Gobierno de España más recursos para cumplir las obligaciones que se desprenden de la nueva Ley de Extranjería y que, en el caso concreto de la Comunitat, "podría traducirse en la elaboración de más de 100.000 informes al año".
Blasco explicó en un comunicado que estos informes podrán solicitarse a las comunidades, por ejemplo, para renovar el permiso de residencia o la reagrupación familiar. Así, comentó que el nuevo texto de la Ley de Extranjería recoge que la concesión o renovación de estos permisos deberá ir acompañado de un informe de la autonomía donde quede acreditada la integración de la persona inmigrante.
Entre las nuevas competencias que se reconocen a las autonomías, éstas tendrán que elaborar informes en materia de residencia, nacionalidad o arraigo y, para su concesión, se valorará la voluntad de los extranjeros para el aprendizaje de las lenguas oficiales del estado y el seguimiento de programas de inserción socio-laborales y culturales. En la actualidad, 597.424 personas residentes en la Comunitat Valenciana tienen un certificado de registro o tarjeta de residencia.
El responsable autonómico consideró que el Gobierno central "está cargando a las comunidades el ejercicio que le corresponde al Estado de acuerdo con sus competencias", por lo que consideró la reforma de la ley como "una trampa a las administraciones autonómicas, en especial para aquellas que tienen más inmigrantes, porque supondrá un aumento de la burocracia al tener que elaborar informes sobre la integración de las personas inmigrantes que quieran renovar su permiso de residencia, nacionalidad o arraigo".
En esta línea, calculó que a los 10.000 informes de arraigo que se realizan anualmente a través de las Agencias Amics, se sumarán otros 90.000 para la renovación del permiso de residencia o los más de 20.000 por reagrupación familiar.
Además, denunció que esta nueva medida, que "acarrea un aumento de trabajo", coincide con "un importante recorte del 50 por ciento en los Fondos de Acogida e Integración que el Ministerio de Trabajo e Inmigración destina a las comunidades autónomas". En concreto, señaló que el presupuesto del fondo en 2009 era de algo más de 221 millones de euros, mientras que para el próximo año 2010, según los Presupuestos Generales del Estado, se destinará a esta misma partida 111 millones de euros.
Se trata de "un incremento de las funciones sin un aumento de las partidas presupuestarias para el sostenimiento de la actividad burocrática", apuntó el conseller, quien reiteró que la Comunitat está "a la cola de las regiones. de acuerdo con la financiación por inmigrante". Al respecto, recordó que el Consell ha pedido al Gobierno la distribución de los recursos según una cuantía fija y población inmigrante residente, lo que supone una cifra de más de 30 millones de euros.
