VALENCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El borrador de Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana prevé la creación de la Agencia Valenciana de la Calidad, que, según destacó el director general de Seguridad Industrial y Consumo, Carlos Mazón, será "un instrumento de control de la calidad".
Mazón, durante la presentación del borrador del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, que corrió a cargo del secretario autonómico de Empresa, Pedro Coca, a las asociaciones de consumidores, entre las que se encontraba Avacu, Adicae, Austel, Euroconsumo, Facucova, la Federación Central de Consumidores, Lucentum, la cooperativa Consum, Raderval, Tyrius y Uciu, indicó que para la creación de esta Agencia "se contará con la participación de las asociaciones de consumidores".
El secretario autonómico de Empresa explicó que este documento les será remitido también a todas las asociaciones de consumo que no asistieron a la reunión para que puedan estudiar el borrador y presentar alegaciones. El último día fijado para realizar propuestas de cambio es el 12 de septiembre de 2006.
En este sentido, Mazón adelantó que durante la primera semana de septiembre se convocará una serie de reuniones de trabajo con los representantes de las asociaciones de consumidores para intercambiar impresiones sobre el texto, "con independencia de las alegaciones que puedan presentar", indicó.
Por su parte, Pedro Coca, resaltó que el principal objetivo "es lograr el máximo consenso" en la aprobación del nuevo Estatuto de los Consumidores, "puesto que si no tenemos el aval de todas las asociaciones de consumidores, no será un buen Estatuto", indicó.
Del mismo modo, en referencia al documento presentado hoy, Mazón aseguró que "por primera vez" en un estatuto de consumidores se habla de "colectivos de especial protección", como la infancia, la adolescencia, los discapacitados, los mayores, la inmigración y los visitantes con fines de recreo y ocio.
Otra de las novedades que aparece en el borrador es la introducción del concepto de "fomento de la responsabilidad del consumidor", para que el acto de consumo sea entendido como la utilización racional de los recursos, así como la incorporación de valores ecológicos en las decisiones de compra. En este sentido, destacó que existe una apuesta por la calidad y la seguridad"
En cuanto a la labor inspectora y de control, "se va a establecer, por primera vez en la Comunitat, medidas cautelares, que tendrán rango de ley, para la protección de consumidores y usuarios", señaló el director general de Consumo.
Así, la Generalitat tendrá la capacidad, incluso, de prohibir temporalmente la comercialización de un producto o de lotes de productos y, también, de suspender la prestación de un servicio, si se está poniendo en peligro la salud del consumidor. "Con esto queremos dar más fuerza a la actuación preventiva de la Administración", puntualizó.
Por otro lado, Mazón apuntó que en el nuevo texto aparece un concepto "muy interesante", que es, dijo, "la colaboración interadministrativa". Así, explicó que la Generalitat "no tiene capacidad suficiente para proteger a los consumidores", por lo que se pretende que todas las administraciones "nos ayuden y trabajen coordinadamente, desde el municipio más pequeño hasta una diputación".
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
El presidente de Avacu, Fernando Móner señaló al término de la reunión que "si conseguimos que el documento que salga de la consellería esté consensuado, estoy seguro de que no vamos a tener problema en que se alcance el mismo consenso en el Pleno de las Corts".
Por su parte, el representante de Adicae, Juan Pedro Ávila, puntualizó la necesidad de abordar dos problemas que afectan a las economías de los consumidores. Por un lado, dijo, el agravamiento del endeudamiento de las familias "como consecuencia del consumo y del precio de la vivienda", y en segundo lugar, pidió "mayor transparencia informativa en todos los productos de ahorro, inversión y seguros".
Del mismo modo, desde la cooperativa Consum, destacaron la "transversalidad" del documento, "porque eso indica la voluntad política del texto". Así, esperan que este hecho sirva para que los consumidores estén en igualdad de condiciones en el Consejo Económico y Social, "donde hemos sido discriminados estos últimos 20 años", apostilló.