La conselleria incluye en su presupuesto 8,3 millones para costear procesos electorales del año que viene
VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, ha avanzado este viernes que en 2019 se sacarán más de 4.000 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo (OPE) de 2017 y 2018 --esta última será negociada y aprobada en las próximas semanas-- con el objetivo de rebajar la tasa de temporalidad en la administración valenciana, con la convocatoria de un centenar de oposiciones.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en Les Corts para explicar el presupuesto de su departamento. El programa 'Función Pública' contará con 5,6 millones de euros, con un incremento interanual del 3,2% que se aplica fundamentalmente a la dotación de gastos corrientes y de funcionamiento del departamento --que crece un 25%, hasta los 600.000 euros-- necesario para costear la ejecución de las convocatorias de oposiciones.
Además de apostar por el relevo intergeneracional en la administración, Bravo ha subrayado la apuesta por la formación continua de las plantillas, por lo que el programa 'Formación y Estudios' crece un 132%, hasta 6,3 millones.
Esta cantidad se reparte entre el impulso del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) y el Programa Talento Jove, que incluye el Programa 500 (con 2,5 millones) con becas para la preparación de oposiciones para estudiantes con buen expediente económico, de modo que "la falta de recursos económicos no sea un impedimento para el acceso a la función pública".
ELECCIONES 2019
Por otra parte, Bravo también ha explicado que, dado que 2019 es un año electoral, su conselleria tiene la competencia de procurar los medios materiales y humanos para que los comicios se celebren y por ello se incluye el programa 'Procesos electorales y consultas populares' con 8,3 millones de dotación.
Esta cifra se divide en 5,7 millones para la compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento de los procesos electorales, 1,7 millones para los gastos extraordinarios en personal y 800.000 euros para subvenciones en gastos electorales de partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores según marca la ley.
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