Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo
VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a los responsables de una empresa constructora, dos varones y la mujer de uno de ellos, como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Utilizaban datos de empleados legales para facilitárselas al menos a 83 trabajadores en situación irregular en múltiples obras.
Los perjudicados sufrían condiciones de precariedad, cobros en negro y carecían de los derechos reconocidos al resto de la plantilla, aprovechándose los arrestados de su vulnerabilidad, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación se inició en agosto del pasado año por parte de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, tras recibirse una denuncia en la Comisaría de Distrito de Abastos en la que un ciudadano extranjero en situación irregular manifestaba haber trabajado para una empresa de construcción sin contrato ni alta en la Seguridad Social, percibiendo 6,50 euros la hora y cobrando en negro, a pesar de que la mercantil conocía su carencia de permiso de trabajo.
La empresa investigada se dedicaba a proporcionar mano de obra a otras compañías para la ejecución de obras de construcción. Según las primeras gestiones, a los trabajadores afectados se les creaba un perfil falso para poder desempeñar su labor.
Los agentes lograron contactar telefónicamente con varios empleados, si bien la mayoría mostró reticencias a denunciar por temor a perder su empleo y sufrir represalias.
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN LAS OBRAS
La investigación policial, complementada por las actuaciones y el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, ha permitido destapar un entramado criminal donde la empresa de construcción contrataba a trabajadores con autorización para trabajar en España y facilitaba su documentación a otras personas que carecían del preceptivo permiso de residencia y trabajo para prestar servicios en diversas obras de construcción.
De este modo, se facilitaba a las empresas contratistas la documentación del trabajador que sí estaba dado de alta, produciéndose una evidente suplantación de identidad.
A raíz de las pesquisas, se pudo constatar que los investigados explotaban laboralmente a las víctimas, valiéndose de su situación de vulnerabilidad y precariedad al encontrarse en situación irregular en el país. Se valían de esta circunstancia para hacerles utilizar la documentación de otros empleados regulares y evitar ser detectados por las empresas contratistas, privándoles además de los derechos de los que sí disfrutaba el resto de la plantilla.
Esta operativa ilícita era reiterada y se extendía a múltiples trabajadores y centros de trabajo, evidenciando un mecanismo estructurado dirigido a eludir la normativa laboral, de Seguridad Social y de extranjería de forma continuada, al menos desde enero de 2024. Según el informe de la autoridad inspectora, dicho modus operandi habría afectado a un mínimo de 83 trabajadores.
Finalmente, la operación ha culminado con la detención de tres personas, los dos propietarios de la empresa y la mujer de uno de ellos, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
